Se cumple medio año de la publicación del decreto que desarrollaba la ley de Renta Valenciana de Inclusión Social. No tuvo un buen inicio, ya que volvía a enfrentar a Compromís con el PSOE por ver quién se apuntaba el tanto. El asunto de la renta de inclusión lo usaron ambas formaciones como ariete antes de llegar al gobierno: era una de las promesas más esperadas y a pesar de ello ha habido que aguardar cerca de tres años para verla hecha realidad. Y se ha concretado precisamente cuando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza constata un empeoramiento de la situación y avisa de que un millón y medio de valencianos -el 31,3% de la población- se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.

En la capital valenciana el panorama es particularmente desgarrador. Según el indicador AROPE, son más de 200.000 las víctimas potenciales. En Salvador Allende, Quatre Carreres, Campanar y Trafalgar necesitan medidas sociales urgentes, y sus vecinos sobrepasan con creces los índices medios de vulnerabilidad y exclusión de la ciudad. Olivereta, Patraix, Malvarrosa, Nazaret y Sant Marcelino, están en lo que se denomina «fase de deterioro». Sobran motivos para la preocupación.

Además, los datos referidos a la Renta de Inclusión Social no reflejan en absoluto la existencia de un compromiso decidido de las autoridades con las personas. Desde junio, han sido tramitadas 2.451 solicitudes en la capital, pero sólo una de cada cinco (561) han sido derivadas a la Consellería, y de éstas no consta que familia alguna esté percibiendo cuantía económica alguna. Solo ocho expedientes del total están en la fase fiscalizadora previa al pago.

Podemos hacernos una idea más aproximada descendiendo a lo que ocurre en algunos barrios. De los más de 600 expedientes existentes que han sido abiertos en el entorno de Salvador Allende, tan solo uno se encuentra en fase previa al pago. De las casi 200 solicitudes de Quatre Carreres o Malvarrosa, no está previsto que haya familias que vayan a recibir la ayuda de forma inminente. De las casi 300 peticiones de Patraix tampoco se contempla la concesión de estas necesitadas ayudas.

Buena parte de los expertos encuentra farragosa y complicada la tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión Social, lo cual atenta contra la agilidad que debería tener cualquier instrumento social al servicio de los más vulnerables. El compromiso de pago inmediato que adquirieron los responsables de políticas sociales se ha evaporado y en cierta forma se ha contaminado un instrumento social básico.