Cabezazos contra un muro. La política se está dando contra la rocosa pared de la ley en los intentos del Consell por adelgazar las diputaciones (en especial, la de València, donde se reproduce la alianza de gobierno). Cada movimiento es visto como ilegal o sospechoso de serlo. Primero fueron los decretos de coordinación de Turismo y Deportes, echados por tierra por la justicia. Lo último es una sentencia de un juzgado sobre un centro de día en la Font de la Figuera. Uno de esos proyectos en los que el ayuntamiento pone el terreno, la Diputación de València, el dinero, y la Generalitat lidera el proyecto: decide los municipios beneficiados y, como se ha visto, intermedia incluso con el consistorio. Es una forma de utilizar los recursos de la diputación para alcanzar donde no llegan las menguadas arcas autonómicas. Se pongan como se pongan, es una forma de vaciar esas extrañas administraciones provinciales en el Estado de las autonomías. El problema es que existen legalmente desde el siglo XIX. Mientras no las borren de la Constitución, encontrarán amparo judicial. Se lo puede hacer mirar el Botànic en la ley que se trae entre manos.
