El 40 Aniversario de la Constitución se ha visto lamentablemente ensombrecido por el desafío independentista y la existencia de un período donde se está acrecentando la desafección entre la política y los ciudadanos. El enrarecimiento de la vida pública nos ha lleva a un cuestionamiento generalizado de las instituciones y de los poderes del Estado. Sin embargo, todavía subsisten espacios de encuentro y consenso, donde los partidos políticos son conscientes de la responsabilidad que tienen en determinadas áreas ante la sociedad.
En este caso, que la reforma del artículo 49 de la Constitución, aquel que hace referencia a los derechos de las personas con diversidad funcional, vaya a ser la primera iniciativa legislativa que se adopta con motivo de estas cuatro décadas de norma constitucional, supone no sólo un reconocimiento a las personas con discapacidad y el derecho a la igualdad de todos, sino también, un acto donde se valora muy positivamente el trabajo de las organizaciones representativas, entidades, asociaciones, familias y profesionales que nos dedicamos a este apasionante ámbito social.
La Comisión de Discapacidad del Congreso, por acuerdo de todos los partidos políticos del arco parlamentario, remitió el pasado martes 4 de diciembre una carta a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, donde le informaba de la nueva redacción que se le debía de dar al citado artículo constitucional, después de meses de trabajo de codificación.
Estamos ante una reforma necesaria, reclamada desde hace tiempo, donde se elimina el término obsoleto de «disminuidos» por el más actualizado y respetuoso de «personas con discapacidad», pero al mismo tiempo, se realiza una redacción mucho más profunda y de calado, hablando del ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad real y efectiva, la protección reforzado de los mismos, de las obligaciones de los poderes públicos a la hora de garantizar una vida participativa, autónoma e independiente, y en último término, se incluye un párrafo con una referencia explícita al acatamiento de los acuerdos internacionales, en clara alusión a la significativa Convención Internacional de las Naciones Unidades del año 2006.
No se podía haber encontrado una cuestión más destacada para subrayar la importancia de estos 40 años de democracia y Constitución, una reforma que vuelve a situar a España a la vanguardia en la protección y reconocimiento de las personas con discapacidad y sus derechos. En estas décadas hemos madurado como sociedad, construyendo unas bases sólidas sustentadas en principios como la igualdad, la inclusión y el respeto a todas las personas, algo que debemos seguir defendiendo en el futuro.
