Una ciudad necesita consenso para funcionar. Cuestiones importantísimas como el modelo urbanístico o la movilidad no son asuntos que se pueden resolver de hoy para mañana o corregir la semana próxima si algo no marcha. Y en la València que está a punto de entrar en 2019 ni se practica el consenso entre quienes actúan sobre la ciudad ni se espera que entre en la agenda en los meses venideros.
La capital de hoy, la que atrae cada vez más la atención de los viajeros, la que los residentes muestran con orgullo a sus visitantes, es en buena medida el resultado de un consenso que fue elevado a escritura pública hace ahora 30 años, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.
Cinco años de trabajo minucioso impulsado por el gobierno del entonces alcalde socialista Ricard Pérez Casado y coordinado por el arquitecto municipal Alejandro Escribano desembocaron en un documento que recogía todo lo que la capital del Turia quería ser de mayor, lo que necesitaba para corregir los déficits que sufría en infraestructuras, red viaria, parques y jardines, usos escolares, servicios administrativos y hasta cementerios. Prácticamente todo lo que se aprecia hoy en un plano de València estaba dibujado en varios cuadernos de tamaño A-3 y descrito en sus normas urbanísticas, su memoria económica y otras piezas de la documentación del PGOU.
El diálogo que se practicó en los años de trabajo preparatorio y en la recta final del trámite municipal dio como resultado que el plan urbanístico fue aprobado por una amplia mayoría. De los 33 concejales de la corporación votaron a favor los 14 del PSPV-PSOE, los seis de Unión Valenciana y los cuatro de Centro Democrático y Social (CDS). Los únicos votos contrarios fueron los dos de Esquerra Unida-UPV. Los siete ediles de la entonces Alianza Popular que encabezaba Martín Quirós decidieron abstenerse prácticamente en el último momento, aunque fue por motivos de desmarque político. De hecho, la misma formación política, ya denominada Partido Popular, no tuvo el menor inconveniente en cumplir a rajatabla todo lo previsto en el plan urbanístico durante los 24 años de mandato de Rita Barberá pese a disfrutar de amplias mayorías absolutas para haber cambiado lo que hubieran deseado.
La Ronda Norte, el Bulevar Sur, el Paseo Marítimo, parques como los de Aviación, Orriols o Marxalenes; los nuevos barrios de la avenida de Francia y la pista de Ademuz, los nuevos campus universitarios, el nuevo estadio para el Valencia CF... Todo fue planificado milimétricamente para cuajar en una ciudad del siglo XXI que establecía unas relaciones de respeto mutuo con la huerta, el puerto, la Albufera y el gran pulmón del Jardín del Turia, cuyos inicios en su configuración actual se adelantaron año y medio al Plan General con Ricardo Bofill como maestro de ceremonias.
La solidez de los trazos urbanísticos era tal que su cumplimiento se detuvo en seco con la crisis económica y financiera de 2008 y se ha reanudado con el actual repunte sin ninguna variación y en los mismos lugares que se quedaron empantanados o pendientes de inicio: los nuevos desarrollos urbanos de Malilla, Quatre Carreres Benimaclet o Benicalap.
Después de tres décadas, el plan general de ordenación urbana que nació con una vigencia de solo 16 años tiene únicamente dos asignaturas por aprobar: el Parque Central y la conexión del Jardín del Turia con la dársena interior del puerto, ahora denominada Marina de València. Y no están pendientes por defectos de diseño sino por dificultades de gestión. El Parque Central, como espacio verde de un tamaño similar a los Viveros y como sustituto de la playa de vías férreas contiguas a la Estación del Norte, aparece en escena hacia 1986 como una de las propuestas más osadas del documento. Anunciaba el fin del cinturón de hierro con el soterramiento del tren desde el nuevo cauce hasta Alboraya y la caída de los muros que separaban (y aún lo hacen) los distritos de Patraix y Russafa. La venta de la operación como 'parque' se ha convertido en un escollo importante para su realización, ya que los sucesivos ministros de Obras Públicas y Fomento han visto la propuesta siempre como propia del diseño urbano y no tanto como reforma de la red ferroviaria, por lo que la actitud más frecuente ha sido el desmarque. Aún así, es un milagro que casi la mitad de la superficie sea hoy un parque a punto de abrirse al público, mientras la otra parte permanecerá ocupada por la estación del AVE al menos durante una década.
El otro reto pendiente de cumplimiento es la conexión entre el Jardín del Turia y la dársena. El delta verde surgido de la cabeza de Jean Nouvel y plasmado negro sobre blanco por el arquitecto valenciano José María Tomás también se vio frenado en seco por la crisis y, una vez más, por el ferrocarril, por la necesaria y siempre aplazada prolongación del túnel de Serrería hacia el Sur para liberar del ferrocarril la avenida de Francia, la Alameda y en general toda la fachada litoral Sur.
La propuesta actualizada del «delta verde» ha sido recibida a dentelladas en la Casa Consistorial. Los integrantes del gobierno local, Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, practican políticas de aislamiento mutuo e imposición de sus decisiones competenciales a los socios. La marca capitalina de Podemos se cargó de un plumazo una propuesta de campus de la Universidad Europea de Valencia en el Cabanyal que habría colaborado de forma muy importante en la regeneración del barrio. Ahora ha exhibido sus colmillos a los promotores de la ampliación de Benimaclet, reformulada tras la crisis. Si una sentencia del Supremo obliga a cerrar la tercera fase de la depuradora de Pinedo; o a reponer la huerta en la Zona de Actividades Logísticas del puerto; o a derribar la ampliación de la tribuna de Mestalla, no hay problema. Como se actúa por el interés público, se legaliza todo y pelillos a la mar. Pero si una empresa reactiva un desarrollo urbanístico previsto y legal, entonces se le empieza a dar vueltas al plano; se sintoniza con un grupo de vecinos afines y se establece la verdad absoluta de que 1.300 viviendas son demasiadas, que tienen que ser menos.
Un día alguien va a provocar un problema serio al gobierno de la Nau, pero no intentando matar moscas a querellazos, como el PP de Luis Salom, sino defendiendo derechos legítimos atropellados de forma próxima a un capricho.
Y generalmente sin consenso. Nacionalistas y socialistas van a tortas con las decisiones sobre movilidad, a caballo entre las competencias de sus concejalías, y practican el buenismo con problemas peliagudos, como el indulto de los bloques portuarios, y el malismo con todo lo que suene a iniciativa privada, como por ejemplo el empeño inexplicable en aplicar la piqueta al edificio del hotel Sidi Saler ahora que hay interés por reabrirlo. Todo lo que llega es recibido como si fuera un nuevo Eurovegas. La sospecha y el obstáculo son el reflejo inmediato mientras la gestión propia se atasca. Tres años y medio para poner en marcha la biblioteca del barrio de la Trinitat, cuyo edificio ya estaba construido, son una muestra del lento devenir de la administración local, la misma que compra bienes que no necesita, como la antigua sede del Centro Excursionista, y que apila licencias de actividad pendientes de trámite. Por supuesto de iniciativas privadas.
