08 de diciembre de 2018
08.12.2018

Planes y proyectos... maldita inercia

08.12.2018 | 20:13
Planes y proyectos... maldita inercia

Los documentos urbanísticos tienen una inercia considerable. A simple vista son sólo papeles o ficheros donde se establecen acciones de futuro, donde se piensa y se diseña la ciudad. Dada la ausencia de compromisos y plazos reales para su ejecución, parecería fácil poder anularlos, si las circunstancias han cambiado o si no se han ejecutado. No es así; salvo que formalmente se proceda a su cancelación, y no es un proceso fácil (véase el caso del PEPRI de El Cabanyal), los planes «durmientes» siguen vigentes, y los derechos que de ellos dimanan, sin apenas deberes, también: son derechos adquiridos, edificabilidades. La decisión del Ayuntamiento de València de no proceder a la revisión del Plan General en este mandato ha supuesto que todos los PAIs en los sectores urbanizables previstos, los que no se habían acometido todavía, hayan resucitado saliendo de su letargo.

Un Plan General no es sólo un documento administrativo que regula y fija los derechos y deberes de los actores urbanos, de los agentes inmobiliarios y económicos, de la ciudadanía, de los representantes políticos€ es ante todo una propuesta, una apuesta por un modelo de ciudad. La renuncia a la revisión del PGOU de 1988 supone la aceptación de sus hipótesis, de sus objetivos, en definitiva, de una forma de hacer ciudad. En los 30 años transcurridos desde que se aprobó el plan todavía vigente, la ciudad y la sociedad han sufrido una trasformación, un vuelco que las alejan de lo que entonces eran. Por medio, una brutal crisis económica, un deterioro de las condiciones de la vida, pero en cuanto comienza a clarear el mercado inmobiliario, se reproducen modos de actuar que creíamos que habían quedado atrás, superados con la crisis.
De aquellos polvos, estos lodos. El Plan de 1988 delimitaba 15 sectores como Programados y otros 9 como No Programados (una diferenciación que desapareció con la LRAU de 1994) a los que se añadirían otros dos «contraplán» (Sociòpolis en La Torres y la ZAL en la Punta). Todos esos 26 sectores, de ellos 18 residenciales, requieren un PAI para su ejecución. En 2014, según datos del Ayuntamiento, 8 se daban como completamente ejecutados. ¿Qué aportan los sectores que ahora se quiere resucitar a la ciudad? Más viviendas. Nada más y nada menos, cuando en realidad no hace falta seguir construyendo más residencias, y mucho menos todavía seguir urbanizando áreas periféricas ante una oferta de suelo urbanizado, completamente acabado, muy por encima de toda demanda (sin contar el potencial edificable de los solares en suelo urbano).

Tres casos son especialmente polémicos: los PAIs del Grau, el de la Fonteta de Sant Lluís, y el de la ZAL a La Punta (donde la reivindicación ciudadana presiona al Ayuntamiento a adoptar medidas en el sentido en el que se habían prometido durante la campaña electoral). No se entienden las urgencias para intentar aprobar estos planes, a pocos meses de unas elecciones locales, porque las decisiones que ahora puedan adoptarse serán después una hipoteca, un derecho adquirido (por la propiedad obviamente) impidiendo, por ejemplo en el caso del PAI del Grau, el debate sobre la conexión de la ciudad con el frente marítimo y del jardín del Turia con Natzaret. Otro tanto cabe decir del PAI de la Fonteta de Sant Lluís, donde todo lo que ahora se apruebe dificultará la discusión sobre la red ferroviaria y la construcción, en su caso, de túneles. Con el agravante, en ambos, de que los modelos arquitectónicos propuestos responden a propuestas superadas y abandonadas, propias de la Urbanística del siglo XX, en línea con lo más ramplón del Movimiento Moderno. En el PAI del Grau, torres de gran altura (de 25 a 45 plantas) plantadas o dejadas caer sobre un fondo supuestamente verde, sin capacidad estructurante, sin posibilidad de crear una verdadera trama urbana, completamente ajenas a su entorno, a su contexto. O en el de la Fonteta, bloques lineales aislados, que recuerdan los tan denostados polígonos residenciales del "desarrollismo".

Revisar un plan general es todavía adentrarse en un laberinto burocrático del que difícilmente se puede salir en menos de 4 años, el período con que puede contar un gobierno municipal. Por ello, hasta cierto punto, se puede entender la renuncia a pensar a medio plazo, a preferir acciones inmediatas y visibles. Pero es un error y los errores se pagan.

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