El pasado 16 de octubre, les Corts aprobaron con los votos favorables de los componentes del Botànic, la Ley de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, una Ley muy debatida y consensuada con los distintos operadores municipales. Una Ley que se ha sometido durante un prolongado periodo de tiempo a análisis, jornadas, conferencias, en definitiva a una amplia exposición pública. Por tanto podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no es una Ley forjada de forma inconsciente, sin pensar, ni fruto de una ensoñación momentánea como nos tenia acostumbrados los anteriores gobiernos del PP, cuando cambiaban leyes en caliente en función de por donde se oteaba el beneficio.

Esta Ley ha sido analizada por aquellos que la usan, presidentes de Mancomunidades, gerentes y trabajadores de las mismas, Ayuntamientos, Sindicatos, un equipo de reconocidos juristas de las distintas universidades públicas valencianas que en todo momento asesoraron para tener el mejor y más coherente texto, ha pasado los análisis del Comité Económico y Social, la Abogacía de la Generalitat, y el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Todos estos pasos requieren tiempo, sosiego y pensamientos respecto a lo que se propone como proyecto de Ley. Todos estos pasos se supone que conforman la voluntad del legislador como debe ser en todo caso, de las sugerencias y aportaciones, las cuales han sido abundantes y han sido debatidas y muchas de ellas tenidas en cuenta como no puede ser de otra manera. Pues bien, solo y únicamente cuando llega a les Corts es cuando se destapa la política en su última esencia, los partidos de la oposición PP y Ciudadanos descalifican la Ley tan rápidamente y con tan poco argumentos que produce tristeza y desazón, entre todos aquellos que han participado de forma altruista e ilusionante en la elaboración de un texto legal, de un texto que ha sido felicitado por otras Comunidades Autónomas en cuanto a texto moderno, tremendamente participado y útil para el municipalismo, novedoso y avanzado.

Como siempre la derecha valenciana con elementos tan simples como falsos procede a descalificar la Ley de Mancomunidades con argumentos tan peregrinos y ridículos como que este tipo de colaboración entre municipios es «catalanista» simplemente porque se reconocen las comarcas que incluso ellos mismos usan como referencia organizativa, pero una cosa es que yo la utilice como estructura territorial y otra cosa es que lo hagan otros, algo intolerable. Otro de los argumentos que utilizan es que la Ley de Mancomunidades ataca a las Diputaciones, otra falsedad de tal magnitud que es imposible de demostrar pero que para la derecha valenciana es un elemento recurrente siempre para fomentar la confrontación territorial entre valencianos, para exaltar bajas pasiones de discriminación entre ciudadanos, terreno este en el que se mueven bien, ya que no requiere proponer ni pensar, sino solo falsear la realidad.

En base a estas dos quimeras, catalanismo y diputaciones, el PP ha anunciado que piensa recurrir la Ley al Tribunal Constituciona. Pues tiene que saber el PP que en los dos años de debate de esta Ley en la sociedad valenciana, nadie, absolutamente nadie, ha aludido a estas dos razones que establece el PP como fundamentos de la Ley, no aparecen en ninguna alegación, ni aportación, ni siquiera como reproche. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la lejanía de la oposición valenciana con la sociedad es de tal magnitud que es necesario un largo periodo de tiempo de reflexión y de aterrizaje en las necesidades de los valencianos, que no solamente con demagogia de los viejos temas se puede satisfacer a una sociedad moderna y avanzada como la nuestra. Lo dicho: desconectados de la sociedad y de la política.