Barcelona acogía esta semana la celebración de la Conferencia Internacional de Ciudades por los Derechos #Cities4Rigths con motivo del 70 aniversario de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos. El objetivo: reunir a ciudades de todo el mundo para reflexionar y actuar con urgencia para garantizar de manera efectiva los derechos universales a todas las personas que viven en nuestros municipios y, al mismo tiempo, contrarrestar los discursos de odio generados desde la ultraderecha política.

Las ciudades estamos liderando estas y otras problemáticas globales, como los movimientos migratorios, a las que los estados no están dando respuesta satisfactoria pero ante las que no podemos ni queremos permanecer indiferentes porque afectan directamente al bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Porque, como expresó de manera muy elocuente el que fuera alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, donde acaban nuestras competencias empiezan nuestras incumbencias.

Como ciudad democrática no podemos permitir que el machismo, el racismo, la homofobia o cualquier otro discurso de intolerancia o de odio se abra paso. Aquí no tiene cabida la discriminación ni la criminalización hacia colectivos o personas por su género, su origen, su cultura, su orientación sexual o identidad de género, su situación social o económica, su enfermedad o diversidad funcional, su forma de pensar, su ideología política o su lengua.

La igualdad es el principio fundamental y universal del que nos dotamos para situarnos en el mismo plano como seres humanos. Igualdad quiere decir igual derecho a ser diferentes. ¿Quién estaría dispuesto a colocarse voluntariamente fuera de ese marco? ¿Quién querría romper estas normas básicas de convivencia? La respuesta está en el miedo. Miedo a perder lo que se tiene, miedo ante un presente y un futuro incierto, miedo a perder la identidad.

Esta irrupción violenta de la ultraderecha también es una reacción a los avances democráticos conseguidos en los últimos años, lo que no quita para que tengamos que articular con agilidad una estrategia colectiva y coordinada entre formaciones políticas progresistas, administraciones públicas, entidades, movimientos sociales, judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito educativo o medios de comunicación; una estrategia que dé el máximo volumen al discurso de la empatía, de la convivencia, de los derechos humanos y que, sobretodo, sea capaz de responder con eficacia a la gran brecha de desigualdad en recursos y oportunidades existente para una buena parte de la población. Que sea capaz de materializar el derecho a una vida digna, a unos ingresos mínimos, a una vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura para todas las personas.

Esta semana también hemos organizado en València un debate amplio y muy participado, en el marco de la campaña #VLCvsODI, en el que se ha abordado precisamente cómo organizar colectivamente esa respuesta al odio y la discriminación desde todos los ámbitos de la ciudad. La conclusión del encuentro no pudo ser más clara y unánime: no hay mejor antídoto que centrar todos los esfuerzos en ampliar la democracia y sus mecanismos de inclusión, progreso y garantía de derechos.