Mi impresión es que nadie confía ya en un arreglo democrático para Cataluña. Y sin embargo, si Cataluña no tiene un arreglo democrático, entonces el futuro del Estado español está seriamente comprometido y sus posibilidades evolutivas cerradas. Pues, sin vía democrática, lo que tenga que hacer el Estado para desmontar la presión independentista, tarde o temprano, será dudosamente constitucional. La brigada de intervención será el poder judicial, cuyas extralimitaciones estamos viendo día sí y día no, como ese increíble auto de requisar los móviles de periodistas del Diario de Mallorca. La consecuencia es que al final nos instalaremos en un estado de excepción permanente. Los que piden ya, como Aznar hizo en su última e inquietante entrevista, la aplicación del 155 de forma permanente y duradera, y no para neutralizar una ilegalidad manifiesta sino para derrotar una opción política legítima, no hacen sino asumir aquella consecuencia. Sin embargo, introducir la Constitución en un estado de excepción duradero no puede sino certificar su muerte. Aznar no parece ser consciente de que este, sin duda alguna, es un deseo del independentismo.
Veamos la cuestión de cerca. Digo que nadie quiere un acuerdo democrático. Por supuesto, no lo quiere Vox, que desea ir al choque abierto. Es la España de los balcones y del «A por ellos», la España que tarde o temprano opondrá a los CDR sus propios comités en defensa de la Constitución. Es la España que se ha cansado ya de la política, en la que no ve sino palabrería, hipocresía y debilidad. Es la España que entra al trapo de las provocaciones de Torra y que no logra asimilar ni comprender el frío juego de los dirigentes catalanes, algo que no debe sorprendernos demasiado. Incluso un observador tan sutil como Samir Nair, a la pregunta en RNE el viernes pasado sobre lo que pensaba del problema catalán, ironizó con pedir un sabático para estudiarlo. Si ese es el estado mental de alguien lleno de talento, podemos suponer el caos psíquico de cualquier españolito de a pie con este asunto.
Cada día que pase, estos ciudadanos cansados irán en aumento. La propio de esta gente de Vox respecto a los del PP y C's es que a los primeros les importa poco ya la premisa democrática. Acabar con este asunto se ha vuelto su imperativo incondicional. Si se viola la democracia formal y se fuerza la ley, les da igual. Pero un acuerdo democrático tampoco lo quieren el PP o C's, aunque están condenados a emplear todavía de forma inercial el lenguaje de la Constitución. Lo propio de estas dos formaciones es que la única democracia en forma que aceptan es la actual. Cataluña sólo tendrá, para ellos, la forma democrática de las elecciones estatutarias. Para todas estas fuerzas no significa nada que, elección tras elección, las fuerzas mayoritarias estatutarias quieran otra forma democrática. Poco importa para PP y C's que nuestro Tribunal Constitucional se cargara la forma democrática constitucional. Para ellos no hay otra democracia que la que un día legitimó la Constitución. Pero hoy esa forma choca con su propio ejercicio, es impugnada por él. La contradicción es interna e insuperable. Eso certifica igualmente el cortocircuito político de la Constitución. En Cataluña, al menos, la Constitución sólo produce efectos que la impugnan.
Aceptar solo esta democracia en forma de la Constitución es obviamente una excusa. Tiene que ver con la decisión existencial de la derecha española de que la del 78 es lo máximo que pueden ceder, su línea roja histórica. Por supuesto estamos ante un caso más de ceguera, mezquindad y dogmatismo de los que la derecha española ha dado muestras a lo largo de la historia. Resulta evidente que hay otras formas democráticas de defender los grandes valores de la derecha y que aquí cierta flexibilidad podría ser alentadora. La ciudadanía de derechas de Alemania se reconcilia con una forma federal como la de la actual República. Es una peculiaridad histórica que la derecha española se vincule de forma dogmática y fetichista a sus instrumentos constitucionales. Cuando un poderoso movimiento democrático amenaza con desbordar su letra, ella responde con inflexibilidad. Así, el colapso político está garantizado. Pues la política siempre está abierta a la novedad histórica. Nuestra derecha, no.
Pero apenas ya nos cabe duda de que el tándem Torra/Puigdemont tampoco desean una solución democrática. Esa evidencia no se desprende solo de invocar la vía eslovena, que apoyó con las armas un referéndum de más del 90% de votos afirmativos de la independencia. Pero Yugoeslavia era una federación cosida con la tripas de Tito. Es preciso recordar que, además, Eslovenia disponía de una parte del ejército yugoslavo y que la guerra acabó en pocos días ante la posibilidad de un enfrentamiento de larga duración con apoyo de las potencias europeas. Invocar este antecedente testimonia que ya no se piensa en un horizonte democrático. Antes se invocó Kosovo, que tuvo como antecedente la política ultranacionalista de Milosevic, que llevó a violaciones masivas de los derechos humanos por parte de los serbios. Nada parecido se puede alegar aquí. Invocar estos antecedentes implica que, para los independentistas, el referéndum del 1O es toda la democracia en forma que piensan conceder.
Resulta evidente que aquel referéndum no fue democrático. No fue un referéndum en forma ni con garantías; nadie puede concederle fuerza jurídica y nadie lo ha hecho. Eso obliga a decir a Junqueras, incluso en la más reciente entrevista desde la cárcel, que es preciso seguir sumando para convencer a una parte mayor de la población. Ahora bien, es fácil ver la contradicción en que se mueve el independentismo cuando reconoce la necesidad de aumentar sus cifras y, al mismo tiempo, fortalece su capacidad coactiva, con campañas que tensionan la opinión pública ajenas a la causa de la democracia. Esta necesidad de aumentar el apoyo popular juega dentro de la aspiración a un referéndum estilo Quebec o Escocia, pero se debe recordar que estas consultas se celebraron en clima de paz social, con independencia de los medios de comunicación oficiales y renunciando a toda coacción indebida.
Así que no se puede reclamar una solución democrática y al mismo tiempo generar una atmósfera que es incompatible con ella. Esta contradicción me parece resultado de que las fuerzas independentistas han perdido toda esperanza de subir su techo electoral. Tienen que seguir hablando de democracia, pero ya la colocan en el pasado. Toda su esperanza es que el Estado no conceda una solución democrática para así atenerse a ese antecedente espurio de 1-O. Como decía Sardá con terrible ironía en su artículo del sábado en El Periódico, los independentistas pronto tendrán lo que quieren: un gobierno tripartito de PP, C's y Vox para mantener el único acto democrático que aceptan, el de 1 de octubre.
En realidad, alguien que crea en la democracia como solución de conflictos se preocuparía por dotar de forma y condición una consulta popular. Cambiaría la Ley de referéndum, y formalizaría las condiciones para su validez y fuerza jurídica. Por ejemplo, que fijara la exigencia de que los medios de comunicación oficiales sean imparciales, que las instituciones representativas no puedan intervenir de forma invasiva, que exista paz social sin manifestaciones coactivas; por ejemplo, que definiera las cantidades necesarias de votos afirmativos para generar obligaciones al Estado (según el caso). En el presente, ninguna de estas condiciones se cumplen en Cataluña. Sin embargo, nadie las reclama. Por tanto, no se puede decir que exista algún actor sostenido por la norma democrática. El Gobierno de Sánchez debería denunciar esta situación y no dejar el campo democrático a quienes no creen en él. Pues todas las tragedias comienzan cuando los actores políticos han dejado de contemplar una solución democrática.
