El objetivo de la Fundación Novaterra es combatir la exclusión social formando para el empleo, un empleo que permita «vivir con dignidad». Para la mayoría de la gente, tener empleo es necesario para alcanzar una vida digna pero no es la condición suficiente. Es preciso que esa misma cualidad, la dignidad, se pueda aplicar a las condiciones del empleo que se ocupa y, en particular, del salario; una cuestión que escapa a la acción de la Fundación Novaterra, pero frente a la que no estamos ciegos.

El Plan Director por un trabajo digno, con el que se estrenó en el cargo la Ministra de Trabajo, encomienda a la acción sancionadora de la Inspección de Trabajo un papel protagonista en la consecución de tan ansiado objetivo: «un trabajo digno». Acción punitiva que debería ser marginal porque marginales fueran los abusos empresariales, sin embargo, no es así. La vulneración de las normas que regulan los derechos laborales como salario, limitaciones de jornada, estabilidad en el empleo y otros, no son excepcionales.

La pregunta que, de forma inmediata, debemos plantearnos es ¿por qué en la España del s. XXI tantas empresas pueden imponer a quienes emplean condiciones de trabajo que vulneran sus derechos? La respuesta no es otra que la constatación de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral y que individualmente no tiene poder.

Históricamente el empoderamiento de los trabajadores exigió su consideración como sujeto colectivo, con derechos inherentes a tal consideración, con sindicatos, negociación colectiva, derecho de huelga y medidas de conflicto colectivo y órganos de representación en las empresas. Unidos, los trabajadores tienen poder y las relaciones laborales se equilibran, conseguirlo fue un triunfo del movimiento obrero instaurando un modelo que forzaba el equilibro entre las partes. Los trabajadores organizados en sindicatos libres, con representantes inviolables y electos en los centros de trabajo, negociando convenios colectivos fueron capaces de pactar dignas condiciones de trabajo y de fiscalizar su cumplimiento. Y así fue durante un tiempo, pero ese equilibrio le resulta insoportable al neoliberalismo. El capitalismo precisa debilitar la capacidad negociadora de los sindicatos, los quiere sumisos, obligados a agachar la cabeza y, casi sin darnos cuenta, ha ido construyendo un modelo de organización empresarial ad hoc. Si la fuerza de los trabajadores está en su unión, la estrategia para debilitarlos es muy antigua: divide y vencerás. La táctica: fraccionar el lugar donde conviven, el centro de trabajo. La excusa: la supuesta necesidad de «flexibilizar».

Un ejemplo sirve para explicar este fenómeno. Pensemos en una empresa, como un colegio privado, con 55 empleados. En los años ochenta del pasado siglo, todos ellos estaban dados de alta en la empresa titular del colegio, sentían el compañerismo y la solidaridad. A todos se les aplicaba el mismo convenio colectivo, el de enseñanza, cuyo cumplimiento y negociación seguían atentamente a través de su Comité de Empresa, empoderando a sus sindicatos negociadores. Hoy, ese mismo centro, sigue ocupando a 55 trabajadores, pero ya no albergan los mismos sentimientos colectivos porque no están de alta en la misma empresa sino en seis empresas distintas: la del colegio, la de la contrata de limpieza, la del comedor, la de mantenimiento, la de vigilancia, los de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT). En cada una de ellas se aplican convenios colectivos distintos y, como ninguna ocupa en el centro a 10 trabajadores no habrán elegido representantes que puedan fiscalizar el cumplimiento de la ley ni informar sobre las negociaciones de los convenios. Los sindicatos negociadores de los Convenios Colectivos no se sienten empoderados y, así, es difícil que consigan salarios dignos.

El neoliberalismo ha conseguido su objetivo, fraccionar, dividir a los trabajadores y dejarles sin poder. Esta es la realidad que debemos cambiar. No se trata tanto de que la Inspección de Trabajo vigile y sancione incumplimientos empresariales, que también, sino de evitar que sean posibles. Debe replantarse todo nuestro modelo de representación sindical y de negociación colectiva para adaptarlo a las nuevas formas de organización empresarial, con el objetivo básico de empoderar a los trabajadores e instaurar una estructura de relaciones laborales que garantice el equilibrio entre las partes. Sólo así se podrán derivar acuerdos que garanticen dignas condiciones de trabajo y que quienes trabajan puedan fiscalizar su cumplimiento en la empresa. No será fácil pero sí necesario y puede que ya sea urgente.