Amiles de mallorquines les han regalado un móvil por Navidad, pero solo a dos les han devuelto los teléfonos previamente amputados para violentar el secreto profesional domiciliado en estas prótesis digitales. El auto primitivo fue un despropósito desproporcionado, que se pretende cancelar con una segunda resolución que demuestra que el juez firmó en calidad de mero testigo, que ahora maldice formal y racialmente a la fiscalía que le embarcó en un atentado contra las libertades.
El instructor intenta regresar a la casilla de partida, donde Mallorca ha de decidir si mantiene el modelo Cursach, vigente por lo visto en amplios ámbitos policiales favorables al feudalismo siciliano, o si se inicia finalmente en la economía de mercado. El auto de la enmienda no supone por desgracia un triunfo de la información, pero sí una herida restañada gracias a la solidaridad de una sociedad que prefirió un periodismo falible antes que tutelado.
Una vez que cundió la magnitud de la violación de derechos fundamentales, la policía renunció a secuestrar la redacción de este diario, la Fiscalía Anticorrupción de Madrid se desmarcó por escrito del atentado contra la libertad de prensa y el juez, árbitro supremo, devuelve los móviles supuestamente intactos por Navidad. Qué necesidad había de una requisa excusada con una información cuyo titular nadie recuerda, y que solo ha enturbiado la investigación. Salvo que éste fuera el auténtico propósito, utilizando a dos periodistas mallorquines de cobayas para desencadenar atentados de mayor volumen a escala estatal.
