03 de enero de 2019
03.01.2019
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Realismo informado

03.01.2019 | 20:28
Realismo informado

Una nochevieja de hace 10 años, un buen amigo, Raúl Q., brindó por el 2010, en vez del 2009, deseando que ese año pasase rápido al encontrarnos en un periodo que, empezado en el 2007 y durante todo el 2008, fue enunciado como de «desaceleración económica» y que, menos de un año después, en ese mismo enero del 2009 y en el programa «Tengo una pregunta para Usted», se le llamó por su nombre: «crisis económica».

Actuales indicadores, tanto macro como micro, me llevaron, en Nochebuena, a efectuar un comentario similar, felicitando por whatsApp el año 2020 y deseando que el 2019 pase lo más rápido posible.

Y así sea, puesto que se nos presenta este 2019 como un año de incertidumbre, tanto en lo político, con elecciones locales, autonómicas y europeas (y quién sabe si nacionales), como en lo económico, que nos pueden impedir percibir las señales que pueden empezar a afectar no solo a nuestra economía sino, consecuentemente, a los ciudadanos.

Y para muestra, el aplanamiento de la curva de tipos de interés que, cuando los diferenciales a 10-2 años, a 10 años-3 meses y 6 trimestres-3 meses, caen por debajo de cero, viene a vislumbrar una crisis económica, con un decalaje de 12 a 24 meses. Así ha sucedido en últimas ocho crisis de los EEUU, y lo mismo ocurrió en el 2007, aunque no se reconoció como tal hasta 2009.

En este 2019 no sólo este indicador nos ha de llevar a encender las luces largas, puesto que estos tiempos de políticas expansivas en gasto y costes no son buenas compañeras de viaje y más cuando:

A pesar de un crecimiento del PIB en variación interanual y en el 2018, del 2,57% de media, se vislumbra una reducción de este, habiéndose contabilizado un descenso del 0,67% en relación a la media del periodo comprendido entre el 2015 del 2017. Hecho contrastado con una ralentización del turismo, que como motor económico en el periodo del 2007 al 2018, representa, aproximadamente, el 15% del PIB.
Fase de crecimiento de deuda pública que, tal como vino ocurriendo en plena crisis, con un crecimiento de 64,8 puntos del 2007 al 2014, ha ido en aumento en este último periodo del 2018, hasta alcanzar 42.327 millones de euros más que en el mismo periodo comparado, es decir, el 98,3% del PIB.

Eliminación del QE del BCE que nos avoca, presumiblemente para el verano del 2019, a un inevitable aumento del tipo de interés y el aumento progresivo de la carga de la deuda sobre el déficit. Situación que provocará, entre otros, el aumento del precio de las hipotecas variables referenciadas al Euribor.

Menor crecimiento económico previsto para el 2019, del 2,3%, frente a una media, del 2015 al 2017, del 3,23%

Políticas exógenas de subida de aranceles a la exportación, como la ocurrida en los EEUU, que perjudican productos nacionales, unido a incertidumbres políticas tanto en EEUU, con cierre parcial del Gobierno Federal, como en las grandes economías europeas, como Gran Bretaña con el Brexit, o el malestar social en Francia, todo ello unido a políticas populistas nacionalistas en países de la UE como Polonia, Hungría, Grecia o Italia.

Amenaza de guerra comercial entre grandes potencias, como China y EEUU.

Volatilidad en la evolución de la cotización de las materias primas y en particular del crudo, que ha llevado a unos vaivenes del petróleo y una expectativa de disminución de la demanda en vista de una desaceleración global, tal como prevé la Agencia Internacional de Energía.

Ingredientes todos estos, y en clave doméstica, asociados a incrementos de costes empresariales, tanto laborales, puesto que se ha fijado un incremento del 22,3% del SMI respecto al pasado año 2018 así como aumento salarial previsto del 2% fijo más 1% variable en el sector privado; como energéticos, puesto que el precio medio anual de la electricidad del 2018 se situó en 58,2 €/MWh, un 12% más que un año antes y un 28% superior al de países como Alemania.

Hechos que lastran la competitividad de nuestras empresas y minoran la posibilidad de creación de empleo, no sólo en el sector industrial, sino, consecuentemente, y dada la terciarización de nuestra economía, en un exponente como es el sector servicios, que representa un peso del 66,44% del PIB y ocupa a. aproximadamente, el 75,17% de los trabajadores (según datos D.G. de Industria y de la PYME). Sector servicios donde, además, se agrupan el 74,70% de las empresas de nuestro país y, en el que el 95% de las empresas tiene menos de 10 ocupados, siendo un exponente de la realidad en cuanto a unidades productivas de nuestro país, en donde el 95,58% de las unidades se corresponden con autónomos y empresas de menos de 9 trabajadores.

Pero no solo esos indicadores, el inicio de pérdida de empresas industriales y de trabajadores en este sector tractor, la previsible subida de tipos de interés, la elevada tasa de desempleo situada alrededor del 15%, el aumento previsto de precios de los carburantes al igualarse el impuesto especial de hidrocarburos, la subida de tarifas de taxis y de precios de billetes de media distancia, subida de impuesto en las primas de seguros del 6 al 9%, el incremento del IBI, el aumento del IPC, etc., producen que, a pesar del incremento salarial para el 2019, pueda llegar a ser una consecuencia el descenso de la renta disponible de las familias y su repercusión inmediata sobre el consumo.

Frente a la incertidumbre que se nos avecina, debemos ser realistas y no perder el objetivo de acometer los retos pendientes, que pasan por reformas estructurales que apuesten por la industrialización, la I+D+i, la transformación digital y una formación universitaria y profesional enfocada al mercado de empleo.

Para ello es más que necesario apostar por un sector de valor añadido como el de la Industria que, con su ejemplo, nos muestra la senda para disponer de una economía competitiva, basada en el conocimiento, la investigación y la digitalización, siendo motor de crecimiento y generadora de empleo estable y de calidad. Como ejemplo, un sector como el azulejero de Castellón, que, con aproximadamente 16.000 trabajadores sitúa su salario medio bruto en 37.500 euros, con un aumento salarial del 2,5% para cada uno de los tres años de vigencia del Convenio.

Todo ello sin dejar de reclamar la necesidad de políticas de incentivación de inversiones productivas y creación de planes de estímulo basados en el fomento de creación de empleo, principalmente entre los jóvenes, los mayores de 50 y entre los parados de larga duración, que permitan su inclusión en el mercado laboral y una repercusión directa tanto en la reducción de cargas en los presupuestos generales del estado, como en el incremento de ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En ello, con realismo informado, nos va que podamos afrentar la que se nos avecina, con una mayor fortaleza empresarial, aunque con menor posibilidad de endeudamiento público.

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