Posiblemente, trabajar contra la exclusión social en nuestras ciudades sea uno de los retos políticos más complicados y complejos. También de los más apasionantes. Garantizar la igualdad de oportunidades y hacer efectivos los derechos fundamentales de todas las personas requiere una intervención profunda, delicada y muy extensa en el tiempo en todas las facetas de las vidas de las personas empobrecidas: educativa, laboral, sanitaria, residencial, de gestión documental, cultural, entre otras. Hacen falta muchos recursos humanos, económicos, así como profundos cambios estructurales. Traducir esa convicción en recursos sociales suficientes para atender y acompañar a las personas en situación de exclusión, adaptados a sus necesidades específicas.

El Govern de la Nau ha asumido esa responsabilidad incrementando un 50% las ayudas de emergencia, garantizando los suministros energéticos de muchos hogares, destinando 2 millones de euros a ayudas para alquiler, aumentando las escasas viviendas sociales de la ciudad o incorporando 130 profesionales a los servicios sociales municipales.

También asumiendo nuevas competencias como la gestión de la dependencia o de la Renta Valenciana de Inclusión que, más allá de la resolución de las dificultades detectadas, va a suponer que cualquier persona con dificultades de la Comunitat Valenciana pueda hacer efectivo su derecho inalienable a unos ingresos mínimos y a un programa de intervención integral. A una vida digna. Saber que tenemos garantizada la atención de cualquier necesidad importante que pueda surgir en nuestras vidas nos genera una gran confianza. Pero, paradójicamente, las buenas noticias no son noticia.

Los medios de comunicación tienen la misión de garantizar el derecho a la información a la ciudadanía, para que pueda formar su propio criterio y juzgar de manera exigente la actuación de quienes tomamos decisiones que afectan a sus vidas. Por eso, cuando aparecen amplios reportajes mostrando situaciones de sinhogarismo, de familias en situación de vulnerabilidad, de asentamientos, de personas concretas en situaciones de vulnerabilidad de muchos tipos, es importante que tengan un tratamiento adecuado. Si únicamente se pone el foco en esa situación, si no se aporta información y datos que permitan contextualizarla (por ejemplo, sobre las acciones, programas y recursos que se están desarrollando tanto desde las administraciones públicas como desde diversas entidades sociales), y únicamente se destaca como «solución» la buena voluntad de personas «anónimas» y «desinteresadas» se corre el riesgo de estar generando un relato perverso según el cual no se puede esperar nada de las administraciones públicas porque no hacen nada por quienes las necesitan.

Ese mensaje conlleva el peligro de alimentar el discurso antipolítico en un sentido amplio. Erosiona la confianza en las instituciones y hasta en el propio sistema democrático. Destruye la autoestima personal y colectiva y abre la puerta al paradigma del desamparo, de la desesperanza, de la incerteza, de la rabia, del miedo, de la lucha por la supervivencia, de la confrontación, del odio. Junto a la necesaria y saludable crítica política, tenemos la responsabilidad de generar confianza en que existen los mecanismos para hacer posible una sociedad cada vez más equitativa, justa y digna frente a extremismos destructivos.