Por lo general, enero es uno de esos mes complicados para la mayoría de las empresas y profesionales. Se enfrentan al cierre contable, liquidación de impuestos y se proyectan las líneas económicas para afrontar un nuevo año. En esa vorágine, las empresas sociales también están teniendo que asumir la tan anunciada subida de un 22 por ciento del salario de sus trabajadores con discapacidad de especial vulnerabilidad, aquellos que están incluidos en la categoría de operaciones con necesidades de apoyo.
No cabe duda de que para determinados sectores productivos de nuestro país, la medida del presidente Pedro Sánchez debe ser entendida como un éxito y de justicia social, pero cuando se adoptan decisiones apresuradas y para conseguir un titular de prensa que acalle otros problemas, se puede producir un efecto de política rebote que perjudica a otros colectivos.
Esto es lo que va a suceder con los centros especiales de empleo que proveen de trabajo a las personas con discapacidad, principalmente aquellos que tienen una discapacidad intelectual o enfermedad mental. En estos casos, no hablamos de personas cuya diversidad funcional les permite desarrollar con normalidad su puesto de trabajo, aunque precisen de los ajustes necesarios, sino que nos referimos a ese grupo de especial vulnerabilidad para los que el empleo forma parte de todo un proceso de inclusión personal y profesional, mucho más importante que el propio sueldo que perciben.
Han sido muchas las entidades y organizaciones representativas que han traslado sus quejas al Gobierno central, puesto que esta subida salarial y la posibilidad cierta de que no se aprueban los presupuestos generales para 2019, harían peligrar sus subvenciones y la viabilidad de muchos centros. Hablamos de más de 76.000 puesto de trabajo, y en esa línea, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo o la federación Dincat han solicitado al Ministerio una adecuada dotación presupuestaria para hacer frente a esta subida salarial, llegando incluso a reclamar la recuperación de las medidas que implantó Rodríguez Zapatero, donde se aumentaron considerablemente las subvenciones a esos trabajadores de especial vulnerabilidad.
Con todo este panorama, las perspectivas que se presentan en la Comunitat no son nada positivas, máxime cuando estos días ha tenido que salir el Síndic de Greuges para solicitar a la Consellería de Economía el «urgente pago» de las ayudas del 2018, por cuanto se encuentran pendientes de abonar en su totalidad para más del 95 por cientos de estos centros. La desatención que está teniendo el gobierno del Botànic con ellos, incluso encontrándonos casi en período electoral, es muy preocupante e injustificable.
