Desafortunadamente esta es la disyuntiva que los españoles tendremos que resolver en breve. A lo largo de la semana pasada hemos conocido dos documentos no espectaculares pero que deberían ser determinantes para el futuro de los españoles. Por un lado, Airef para hacer sostenible el sistema de pensiones, ha pedido recursos adicionales, procedentes de los impuestos, para la Seguridad Social, por otro, el Tribunal de Cuentas al analizar el bienio 2015-2016, ha concluido que el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y en especial el de la Comunitat Valenciana ha seguido gastando más de lo ingresado, a costa de los préstamos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) Un tema que no se resuelve repensando el reparto, sólo aportando más recursos que, de nuevo, solo pueden con nuevos esfuerzos fiscales.
La posible solución para las pensiones tendría dos fases, en la más inmediata más dinero a la Seguridad Social para pagar las pensiones; en el más lejano, ajustes sobre las pensiones de quienes se vayan a jubilar próximamente. Las decisiones tomadas el viernes por el gobierno para acercar la edad real de jubilación con la prevista, parecen poner en marcha ya la segunda parte. Queda por cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, con la asunción el Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones. Ello es tan urgente como afrontar el hecho que alguna CCAA esgrima que para cumplir con sus obligaciones a la hora de gestionar el estado de bienestar deben recurrir a constantes préstamos del estado.
Es el momento de señalar que una cosa es el fracaso de la financiación autonómica y otra distinta el riesgo que corremos que VOX empiece a romper nuestra convivencia y ponga en peligro cosas muy importantes. Todo ello se agrava al constatar el encefalograma plano que sobre este tema muestran en nuestra tierra, tanto Ciudadanos como el PP.
Aunque uno difiera radicalmente con las decisiones financieras del actual Consell, agradezco que Puig no esconda sus ideas, por alarmantes que parezcan. Tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas (que sólo analiza lo ocurrido en 2015 y 2016) su relato permanece inalterable: «El FLA es sustitutivo de una financiación injusta»; «Queremos una financiación justa, ahora bien, mientras no tengamos una financiación justa no vamos a renunciar a seguir prestando los servicios públicos de calidad que se merecen los valencianos, por eso en el presupuesto hemos situado una partida reivindicativa».
Uno lleva años intentando analizar lo que financieramente ha ocurrido en la Generalitat Valenciana: Lerma se dejó llevar por la pasión de tocar poder y sus técnicos pactaron las transferencias de forma tan rápida como insolvente. Después vino el periodo ZOC, tres presidentes, Zaplana, Olivas y Camps, cuyas actuaciones son ahora materia de jueces; a continuación Fabra que antes de reconocer que con el déficit y la deuda acumulada, se podía y debía devolver alguna transferencia al estado, al final, siempre a las órdenes de Rajoy, fracasó a la hora de poner orden en una administración con millones sin pagar en los cajones de las consellerias, con mentiras a la Comisión Europea que acabaron en multas vergonzosas para los valencianos. Siguió la gran esperanza del Botànic que tampoco valoró el problema y que durante estos casi cuatro años, ha pensado que bastaba un buen comportamiento ético y reivindicativo para resolver los problemas en materia de Hacienda. Desgraciadamente Puig ha decidido que su papel político es el «Espanya ens roba» en versión valenciana. Ni Cataluña, ni el resto de Comunidades Autónomas, ni los gobiernos de Rajoy, ni Sánchez han pasado de consolarlo de boca para fuera, mientras que en las decisiones políticas prácticas no han dejado de desautorizarlo. Así hemos llegado a cuatro meses de unas nuevas elecciones autonómicas, con VOX irrumpiendo.
El informe del Tribunal de Cuentas no tiene por objeto criticar a las CCAA, sino al Gobierno de Rajoy que estaba en el poder en 2015 y 2016. No es el momento de entrar en las cifras de hace dos años, potro lado conocidas y comentadas aquí, ya que aquello que realmente impacta es la denuncia implícita que contiene sobre el mal trabajo hecho por los altos funcionarios de la ápoca de Montoro. Ello a pesar de las educadas palabras que los gremios funcionariales tienden a usar entre ellos en casos como estos. El gobierno de Rajoy no supo enfrentar la financiación autonómica y utilizó el FLA como un intento, finalmente vano, de controlar la situación de la Generalitat catalana.
Sin abusar del árbol caído, al leer las consideraciones allí escritas uno puede sospechar las razones de la irresponsabilidad de Montoro proclamando, ante la sorpresa de todos, que ni un solo euro del FLA se había utilizado para las campañas independentistas en Cataluña. Una afirmación que es posible que los tribunales pueden demostrar como falsa, ya que en el informe se denuncia que muchas cantidades del FLA fueron destinadas por las CCAA a materias y finalidades que nada tenían que ver con la razón de ser de estos préstamos. Montoro, a pesar de sus bravatas, no cumplió con su obligación. Rajoy pasará a la historia como el Presidente que mintió a los españoles, incapaz de enfrentar el problema de la financiación autonómica.
Lo demás es más o menos conocido, se perdonaron intereses principalmente a Cataluña y a la Comunitat Valenciana. Los préstamos que desde 2012 son a 10 años con 2 de carencia, no se han podido pagar. Como explicaba el jueves Alfons Garcia en este periódico, al no existir superávit en las cuentas públicas valencianas, el pago de las obligaciones del FLA recibido en el pasado se está realizando con nuevas inyecciones del propio FLA. El problema ha ido creciendo como una bola de nieve.
Nuevos impuestos: ¿Pensiones o Financiación Autonómica? La respuesta de los ciudadanos puede sospecharse, razón por la cual Puig debería repensarse sus presupuestos «reivindicativos», destilación de un cierto socialismo levantino entre Madrid y Barcelona.
