El Partido Popular ha sido aupado a la presidencia de la Junta de Andalucía gracias al acuerdo suscrito a dos bandas con Ciudadanos y con VOX. Dos fuerzas políticas llamadas a ejercer una tenaza electoral permanente sobre un gobierno débil en tanto que estará asentado sobre una mayoría parlamentaria muy inestable condicionada por las exigencias reaccionarias de una ultraderecha desafiante.

Antes de que nos inunde el derroche de autobombo y festejos interesados promovido por la nueva dirección del Partido Popular y los «comunicadores» conservadores con la intención de ocultar la fragilidad del acuerdo o, por el contrario, caigamos en la ola de pesimismo que invade ya a buena parte de la izquierda oficial, merece la pena ensayar algunos apuntes sobre lo que parece una reconfiguración del sistema de partidos que podría llevarse por delante al PP, además de poner en serios aprietos también al PSOE.

Porque todo apunta a que el resistente sistema bipartidista, tocado pero no hundido con la irrupción de Podemos y Ciudadanos en 2014-2015, se podría ver decididamente superado ahora por la irrupción de esa escisión ultraderechista por la que sangra el PP.

El 2 de diciembre de 2018, el PSOE perdía 14 escaños y la posibilidad de presidir, tras treinta y seis años largos, la Junta de Andalucía; pero el PP también perdía 7 escaños frente a un PSOE anodino y desacreditado en unas elecciones a pesar de concurrir blanqueado de un pasado de financiación irregular y otros escándalos con un Pablo Casado recién elegido presidente de los populares. Así, lo más significativo fue que ambos partidos fueron abandonados, en comparación con los resultados de 2015, por casi un tercio de sus respectivos electorados, básicamente en beneficio del tridente Ciudadanos, VOX y el diablo de la abstención.

Cierto es que esa altísima abstención -no se registraba una baja participación semejante desde las elecciones de 1990-, acrecentó la ventaja de unas fuerzas de derecha más estimuladas frente a un electorado progresista muy desmotivado, pero en los primeros sondeos tras las elecciones andaluzas se pueden leer tendencias de más largo alcance.

El sondeo destaca el importante trasvase de votos desde el PP a su secuela neofranquista así como de la existencia de un flujo constante de exvotantes populares hacia Ciudadanos que vendrían a compensar con creces las fugas que en esta fuerza también provoca VOX.

En definitiva, el PP, aun haciéndose con el trofeo de la Junta de Andalucía, no parece estar en condiciones de frenar su visible pérdida de hegemonía en el bloque conservador donde ha perdido su antigua condición articuladora de sus diversas familias y sensibilidades, el que era su antiguo rol de casa común de las derechas españolas.

Atrapado ahora, entre la deriva reaccionaria a la que le empujan con sus provocaciones sus retoños radicales y la necesidad de no perder terreno centrista a favor de Ciudadanos, el PP se enfrenta a un dilema cuya resolución habrá de reportarle importantes costes electorales con independencia de hacía que brazo de la tenaza se deje arrastrar. O copia a VOX hasta que los votantes prefieran el original a la copia o intenta imitar a Ciudadanos con más o menos convicción y al precio de seguir perdiendo su público electoral más conservador. En cualquier caso, y sin perjuicio de que la política de pactos postelectorales pueda depararle alguna cuota de poder en según que territorios, el PP parece abocado a un lento pero firme proceso de implosión.

Los jóvenes cachorros de Aznar que dirigen ahora el PP parecen optar por imitar el estilo y los argumentos autoritarios, xenófobos, hipercentralistas y machistas de sus antiguos camaradas, una estrategia de corto vuelo que también está afectando peligrosamente a dirigentes de Ciudadanos. Aunque es razonable esperar que una parte importante del electorado de unos y otros no esté dispuesta a asumir sin más la renuncia a derechos humanos y libertades políticas que forman parte de nuestro patrimonio democrático.

Pero sean cuales sean los precipicios que decida transitar el PP, la clave del futuro de España como de la Comunitat Valenciana se sitúa del otro lado, en la posibilidad de las fuerzas políticas y sociales del campo progresista de ser capaces de movilizar a la ciudadanía en un proyecto democrático-radical, transversal y compartido que, más allá de avivar los viejos frentes izquierda-derecha que con tanta eficacia explota VOX, sea capaz de dotar de credibilidad y confianza a la posibilidad de encontrar una salida política al bloqueo territorial al tiempo que se avanza en políticas sociales decididas.

Es por ello que resulta tan importante el proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Una negociación donde el PSOE está obligado a derrochar generosidad y habilidad, no solo para integrar suficientes propuestas como para que puedan llegar a ser sentidos como propios por una mayoría suficientemente amplia del arco parlamentario, sino para que contribuyan a allanar una senda de desbloqueo institucional y de giro político orientado a recuperar la confianza de la mayoría social que más ha sufrido los efectos de los recortes y se ha visto avocada a la incertidumbre y a la precariedad.

Este bloque diverso y de progreso que ponga en el centro dar respuesta real a los problemas de la gente no se puede hacer a golpe de acuerdos electorales más o menos artificiosos, requiere ser tejido mediante la escucha humilde, el debate abierto y una respetuosa complicidad con las organizaciones y colectivos sociales que, desde el 15M y antes, vienen siendo precursores del cambio y hoy se encuentran decepcionados por la escasa audacia de la socialdemocracia gobernante y por la reproducción de las viejas rutinas del poder institucional. Volver a activar y dar cauce a las aspiraciones de esa masa crítica ciudadana será cuestión decisiva en las citas de 2019.