Decir marihuana evoca sospecha, riesgo€ delito. Basta con hacer una búsqueda en Internet para ponerse al día de los últimos alijos, plantaciones ilegales e incautaciones en operaciones policiales. Y en efecto todas estas cosas ocurren. Por eso resulta tan difícil y al mismo tiempo apremiante llamar la atención sobre la complejidad de este producto y del negocio que le rodea. De la misma manera que a nadie se le ocurre juzgar el alcohol, el tabaco o los anabolizantes por las actividades ilegales que se realizan con ellos, el mundo de la marihuana también merece que se distingan bien los procesos y la naturaleza jurídica de cada uno de ellos.

Es bien sabido que en España la plantación industrial del cannabis está muy restringida y siempre dirigida a usos no recreativos, y que la venta de elaborados del cannabis está simplemente prohibida. El consumo y tenencia de pequeñas cantidades en lugares públicos sólo merece una sanción administrativa. El consumo privado, en cambio, es legal; es más, nunca ha sido expresamente penado por la legislación. Al mismo tiempo, existe una demanda creciente de los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico; multinacionales que no desprecian ningún mercado local y, por eso, ya se puede encontrar marihuana en algunos productos que se comercializan en España.

Dentro de este mercado controlado, legal y trasparente, se halla la venta de semillas de plantas de marihuana. Decenas de empresas en España facturan cientos de millones de euros produciendo y distribuyendo un mero producto vegetal que no contiene THC, el principio psicoactivo de la planta. Su uso para preparados alimenticios y otros complementos naturales resulta tan inocuo como jurídicamente irrelevante. También se destina al coleccionismo porque existen muchas variedades de semillas, cuyo número se incrementa constantemente con las sucesivas mejoras genéticas. El uso más generalizado, sin embargo, es el cultivo doméstico, bien por motivos ornamentales y botánicos, bien para el consumo recreativo privado.

Creo que existen razones, en fin, para romper con un tabú que ya dura demasiado tiempo. Quizá no sea aún el momento de pedir unas leyes más flexibles, aunque todos seguimos con interés las experiencias de Uruguay, EEUU y Canadá, entre otros países. Es más urgente, en mi opinión, que la sociedad conozca la otra cara de la marihuana, la que no aparece en los resultados de Google: empresas fiscalmente trasparentes; obligadas a certificar sus productos como cualquier otro derivado alimentario o vegetal; sujetas a rigurosas inspecciones sanitarias y, por supuesto, como en cualquier otro sector, que investigan constantemente para ofrecer a sus clientes las variedades más adecuadas, atractivas y seguras.

Si la sociedad española no está preparada para debatir con serenidad sobre la posible regulación de la venta de marihuana, al menos normalicemos su existencia. La propia administración ya hace años que otorga subvenciones para fomentar el comercio exterior de nuestros productos y con ayudas a la investigación. Creo que es el momento de que esta normalidad se traslade a la opinión pública, y en este proceso no eximo de responsabilidad al propio sector. Nuestras empresas deben ser más trasparente y accesibles, pero también más comprensivas con las opiniones contrarias e incluso ante los prejuicios más irracionales.