El patriotismo 1.0 podria ser el definido en Wikipedia: «Un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. El sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia. El equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una nación». Patriotismo 2.0 podría ser el enunciado por Macron, días antes de la irrupción de los chalecos amarillos: «El amor de los propios, por aquello que una nación tiene de más precioso, lo que la hace vivir, lo que la lleva a ser grande y lo más importante: sus valores morales. No significa nuestros intereses primero y poco importan los de los otros. El patriotismo sería el exacto contrario del nacionalismo»
Vayamos con lo vivido esta última semana, recordando que, en 2017, Extremadura tuvo un PIB per cápita de 17.626 euros, prácticamente la mitad de los 33.809 de la Comunidad de Madrid, la más rica en términos relativos, seguida de Euskadi con 33.088. En un segundo pelotón de cabeza están Navarra con 30.914 y Cataluña con 29.903. Sin estas cifras en la cabeza no puede entenderse la desafortunada resolución del parlamento extremeño, donde con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, se instó al gobierno de Sánchez a la aplicación del artículo 155 en Cataluña «de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista».
Estamos ante otro paso en el proceso de degradación del actual marco de funcionamiento del Estado organizado en 17 comunidades autónomas (CC AA) y habrá que reaccionar de forma razonable. No se trata de alterar el principio constitucional (indisoluble unidad de la nación española que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía y a la solidaridad entre todas ellas) sino de hablar de financiación en serio y con solvencia. Todo ello antes de que llegue Vox a «todas y a cada una» de las CC AA, planteando que se devuelvan «todas y cada una» de las competencias, con el objetivo de que las CC AA desaparezcan. A pesar del grave problema de Cataluña, es obligado un debate sobre la factibilidad financieras de «todas y cada una» de las CC AA.
Con una simple declaración de España como Estado federal, a partir de las cifras es ingenuo garantizar un mismo nivel de estado de bienestar para todos los españoles. No solo somos diversos en lengua y cultura, sino también en nivel de riqueza. Sin embargo, todo puede enfrentarse de forma razonable, siempre que asumamos que la descentralización tiene ventajas, pero que no está entre ellas el de garantizar el mismo nivel de vida en todas sus regiones, como si las diferencias económicas no existieran. Aunque suene a incorrección política, en los países federales existen regiones, landers, estados o como se les llame, ricos y pobres en función de sus respectivas capacidades, el estado de bienestar y los servicios no son uniformes, con independencia de la buena o mala gestión que hagan sus gobiernos regionales. Todo ello en el sobrentendido que el estado (el central más cada uno de los regionales) tiene la obligación de asegurar con solvencias todo aquello que se ha acordado como imprescindible.
En Alemania, el nivel de vida en Baviera no es el mismo que el que se disfruta en los länder de la parte oriental. A pesar de cifras absolutas más altas que las nuestras, las diferencias internas en el PIB per cápita entre los estados alemanes son parecidas a las españolas, pero está perfectamente definido qué parte de riqueza se destina a la solidaridad entre regiones y cual cada länder administra en función de sus posibilidades reales. Al contrario que aquí, donde el Estado central recauda para luego repartir. Allí se discute que poner, en la cesta que sirve para evitar diferencias excesivas. Las discusiones son mucho más feroces que las nuestras y lo veremos a lo largo de este 2019, cuando caduca su vigente modelo de financiación que obliga a pactar otro para los próximos años. Todos van a pelear a cara de perro sin alterar la confianza y la lealtad mutua, tanto los más ricos que quieren reducir sus aportaciones, como los que reciben más fondos del estado federal que argumentarán sobre sus muchas necesidades insatisfechas. La batalla será dura, pero la gran diferencia con España es que ningún gobierno regional ha proclamado sus razones históricas, sentimentales o de violencia terrorista para independizarse, ni que ningún otro ha pedido al Gobierno central que aplique medidas extraordinarias como aquí son las derivadas del artículo 155.
No debe asustar decir que posiblemente detrás de la grosería extremeña esté el convencimiento de que, con lo vivido con el cupo vasco, la independencia catalana pondría en serias dificultades a su gobernabilidad regional. Extremadura ha expresado el mismo temor que asalta a los responsables autonómicos de Andalucía, Castilla- La Mancha y todas aquellas CC AA que se saben por debajo de la media. Por otro lado, las élites políticas que gobiernan Cataluña y Euskadi en sus derivas independentistas no son ejemplo de solidaridad alguna.
Los españoles tenemos un problema con la organización territorial de nuestro Estado, lo que hace mirar a la jacobina Francia, donde Macron ha decidido incluir entre los cuatro grandes temas de debate «La organización del Estado y los servicios públicos» (los otros tres: fiscalidad y gastos públicos; democracia y ciudadanía; transición ecológica) con preguntas directas y poco partidistas:
¿Existen demasiados niveles administrativos o de gobierno local?
¿Debemos reforzar la descentralización y otorgar más poder de decisión y acción a los ciudadanos? ¿A qué niveles y para qué servicios?
¿Cómo querías que estuviera organizado el Estado y como podría mejorar su acción? ¿Necesitamos revisar el funcionamiento de las administraciones? ¿Cómo?
¿Cómo puede mejorar tanto el Estado como las colectividades locales a la hora de mejorar a aquellos territorios con más dificultades? ¿Qué propones?
Existen grandes dificultades para gobernar Francia, sin embargo se ha decidido apostar por la autocrítica y por aplicar la mayor racionalidad posible asumiendo un alto nivel de ciudadanía. ¿Sera éste el patriotismo 3.0?
