Engañar es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad y mentir, es no decir verdad con ánimo de engañar (incluida la modalidad de la ingeniería fiscal en presupuestos públicos).
El pasado jueves Julia Ruiz, una excelente profesional de este periódico, dio a conocer un informe del Ministerio de Hacienda, el organismo que tiene la obligación de remitir a la Generalitat Valenciana (GV) las cantidades que marcan el vigente sistema de financiación autonómica, que un año más, señalaba, que la GV había hecho caso omiso en sus Presupuestos 2019 de la cantidad con la que realmente puede contar o las cantidades a transferir desde la Administración General del Estado. Una grave acusación sin consecuencia ninguna, una paradoja tóxica.
En julio se informaba al equipo del conseller que las transferencias a la GV a lo largo de 2019, ascenderían a 12.115,22 millones de euros. La semana pasada, medio año después y con los Presupuestos aprobados en les Corts, el ministerio con mucha elegancia, posiblemente excesiva al hablar de falsedades en documento público, informaba que existe una diferencia de 1.575 millones entre el importe presupuestado y lo comunicado en julio, como ya ocurría en el ejercicio anterior (y por mi parte añado que en varios de los años anteriores). El pasado día 21, el alto funcionario encargado de analizar los presupuestos nos dijo que en él figura la partida 40002 «Otros fondos específicos financiación autonómica», incluido en el artículo relativo a Transferencias de la Administración del Estado, por 1.325 millones de euros (que aquí conocemos como la famosa partida virtual y reivindicativa con la que el Consell dice resolver sus necesidades) que sumada a los 250 millones de euros, localizados en la partida 40003 «Liquidación y nuevas competencias» (que incorpora la estimación efectuada, en solitario, por la GV de la cifra correspondiente a la mensualidad del IVA no considerada en la liquidación de 2017, debido al cambio en el sistema de gestión del impuesto) otra partida virtual. La suma de las partidas 40002 y 40003, explican los 1.575 con los que la Conselleria de Hacienda ha decidido que se van a incrementar las transferencias que tiene que mandarle, precisamente aquel que le ha dicho que no las va a mandar.
Siendo muy difícil compartir la idea de Puig de presupuestar en base a lo que realmente no dispone y con ello seguir con un bucle que puede acabar teniendo consecuencias de primer orden, lo más inexplicable es que, un año más, Hacienda, haya sido con un gobierno del PP o del PSOE, diga saber de un engaño contable muy importante y nada corrija. Esta mentira nacida en Valencia y aceptada por el Ministerio de Hacienda tiene su continuidad. Estos falsos ingresos sirven para mentir al decir que se cumple el objetivo de déficit acordado con Bruselas y con ello la engañifa se incorpora a las cuentas de la UE. No hay que ser muy perverso para observa que si Hacienda se calla ante unos ingresos falsos, lo que está haciendo va más allá que aceptar que la GV puede presentar unas cuentas falsas, ya que en realidad se convierte en un colaborador necesario pues permite que sea las partidas que le son propias (las transferencias derivadas del modelo de financiación) las que dan cobertura a una realidad que no existe. Hay que suponer que los distintos ministros y consellers conocen que por actuaciones de este tipo, algunos banqueros (demasiado pocos) están en la cárcel.
Hacienda, con su silencio, permite que la GV trabaje con ingresos falsos bajo el epígrafe de «Otros fondos específicos financiación autonómica» y con ello nos engaña a todos. El mecanismo es banal: yo no te trasfiero más de lo que me dice el modelo, pero dejo que presupuestes como si tuvieras el dinero que no tienes; solamente pasados muchos meses, cuando tus presupuestos y los míos se liquiden, aparentaremos sorpresa e indignación al ver que la deuda del Reino de España ha subido mucho más de lo previsto. Cuando los alemanes se enfaden les diremos que son unos insolidarios y que el Norte y el Sur es una invención antieuropea.
Hace ya años que desde esta columna «Pensat i escrit» hemos hablado de la imposibilidad de denunciar a un conseller que presenta unos presupuestos falsos, de hecho incluso lo intentó, en su época de camisetas reivindicativas en les Corts, la actual vicepresidenta Oltra. El razonamiento jurídico es tan impecable, como maligno en una sociedad democrática: un proyecto de presupuesto es solo un conjunto de intenciones y como tales no pueden ser objeto de ningún delito o falta; cuando ya se han liquidado, el político tiene la excusa que se dieron circunstancias imprevisibles. Mientras no llegue la quiebra, alguien pagará la deuda generada, y mientras unos nuevos presupuestos son necesarios, a pesar que la bola de nieve siga creciendo.
Confieso que durante mucho tiempo, hasta 2012 cuando Rajoy forzado por la UE Europea promulgo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPS) estuve escribiendo desde la ilusa convicción, que nuestro estado de derecho, en su despliegue autonómico, se habría pertrechado de mecanismos democráticos que permitieran que hubiera un cierto control enmarcado en la coherencia del estado. Un camino eficaz que facilitara que las necesidades de los gobiernos de las Comunidades Autónomas (CCAA) y las del Gobierno central se coordinaran. No en vano, en 2009, durante el gobierno Zapatero se había puesto en marcha un nuevo modelo de financiación autonómica.
La propia letra de la LOEPS venía a reconocer que ningún mecanismo eficaz existía y que por tanto era su propio articulado quien iba a poner orden en lo que podría ser un reino de taifas. Desgraciadamente toda reacción del gobierno central o del resto de CCAA en materia financiera, acaba pasando por aplicaciones «ad hoc» del artículo 155. La Constitución no entra en materias de reparto financiero entre las CCAA.
El agotamiento de un modelo territorial basado en las actuales CCAA hará que en Mayo, puedan ser muchos los que se dejen llevar por sus pulsiones populistas al acercarse a la urna autonómica.
