El 15 de octubre de 2016, los países firmantes del Protocolo de Montreal, vital para la lucha contra la destrucción del ozono de la estratosfera, firmaron un nuevo acuerdo para reforzar la lucha contra la subida actual de la temperatura terrestre. Ambos documentos están en estrecha relación. En efecto, la Enmienda de Kigali, llamada así porque se firmó en la capital de Rwanda, ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2019 y persigue reducir gradualmente, durante los próximos treinta años, el uso de hidrofluorocarbonos (HFCs) en todo el mundo. Estos compuestos organofluorados son utilizados en la industria del frío y en los aerosoles para sustituir a los famosos CFCs (clorofluorocarbonos), que fueron el objetivo del mencionado Protocolo de Montreal de 1987, por su poder destructor del ozono estratosférico.

Pues bien, ahora se ha comprobado que los HFCs son agentes activos del calentamiento térmico planetario. Por tanto, el beneficio que supone su uso como compuestos que han conseguido frenar el deterioro de la ozonosfera (el mal llamado «agujero de ozono») que causaban los CFCs, se ha visto empañado por su destacada contribución a la modificación del balance energético planetario y, por tanto, a la acumulación de calor en las capas bajas de la atmósfera terrestre. Se ha evaluado que, de no reducirse drásticamente el uso de estas sustancias, su contribución a la subida de la temperatura terrestre sería de 0,4 ºC en 2100.

Este acuerdo de Kigali es, por tanto, muy importante para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París que pretende mantener el calentamiento global por debajo de 2 0C para el año 2100. Y sabemos que dicho objetivo va a ser difícilmente alcanzable por la cerrazón de muchos países desarrollados a cambiar su modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles. Y lo será más si ahora los países firmantes de esta Enmienda de Kigali no ponen medios para su cumplimiento en los próximos treinta años.