La violencia de género no ha tenido tregua en este comienzo de año y 2019 está siendo un mes negro para las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Hasta el momento en España se llevan contabilizados cuatro asesinatos machistas. Un dato que nos obliga a recordar de nuevo la importancia de dedicar recursos para la educación de la igualdad de género. Se trata de una situación preocupante máxime cuando se conoce que las cuotas de violencia machista han aumentado entre los jóvenes. De ahí que no estaría de más llevar el conocimiento de la LO 1/2004 de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de Género y la LO3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los términos en los que el magistrado Gherardo Colombo y la profesora Anna Sarfatti llevan impulsando en Italia. Ambos sugieren la importancia de educar en la legalidad y consideran que la cultura de la legalidad ha de ser una parte importante de la cultura cívica que niños, niñas y jóvenes tendrían que recibir en los centros escolares. Ahora bien, también señalan que educar en la legalidad no sería más que un empeño fallido si sólo se limitase a informar sobre el estado de derecho. Formar no es lo mismo que informar y, por este motivo, la creación de una cultura de la legalidad supone un esfuerzo, conjunto y continuado en el tiempo, entre diversos agentes sociales como son educación, sanidad y justicia. Quieren decir que no es cuestión de un mero saber, de una abstracción conceptual, sino de impulsar la interiorización y el cumplimiento de las normas que están al servicio del bienestar social y de la justicia. Añaden además que poco se puede avanzar si antes no se enseña la ley a los adultos que han de trasmitirla a las generaciones futuras.
En esta línea sostento que hace falta conocer el contenido de las leyes citadas para poder enseñar cuáles son las causas que han conducido a la formulación de tales leyes y cuáles son los efectos y las consecuencias que tienen en la sociedad. Es obvio, por ejemplo, que quien ha de enseñar ciencias naturales debe ser experto en esta materia y lo mismo sucede al tratar de enseñar la legalidad.Sin embargo no se puede enseñar aquello que no se conoce, con la salvedad de que las leyes de la naturaleza no son iguales que las leyes humanas. Las leyes sociales las hacemos nosotros, nosotros organizamos la sociedad para resolver intereses humanos aunque en ocasiones los intereses que sostienen un determinado modelo social, económico y político no nos sean del todo transparentes. No obstante hay que saber que las leyes sociales no son como las leyes de la Naturaleza que se nos imponen y que no podemos cambiar. De ahí que comprender por qué nos hemos dado unas leyes y no otras, sea parte esencial de la función educativa de la cultura de la legalidad.
Con todo, no se trata de fomentar el postivismo jurídico con el aprendizaje del derecho en las escuelas. Si esto fuera así, los más preparados para iniciar la competencia social y ciudadana en las escuelas serían juristas. Y no lo son porque niños, niñas y jóvenes, necesitan conocer junto a las nociones básicas del derecho positivo los valores que lo sostienen. Sobre todo precisan aprender las actitudes que preceden a las leyes y las legitiman. De hecho, si en la educación no se contempla el factor ético que conlleva la convivencia, el aprendizaje del derecho deviene en un mero saber burocrático. Es más, si el aprendizaje de la legalidad no forma parte del currículo, de la programación del aula y del proyecto educativo de centro y termina por convertirse en algo esporádico al albur del voluntarismo de algún profesor o profesora, no tendrá resultados visibles o evaluables socialmente. Por fortuna el marco téorico ha cambiado y el Plan Director de Coeducación que ha presentado recientemente la Generalitat Valencina, exige un campo de actuación didáctica conjunta entre el profesorado de los centros escolares para que intervengan de forma manifiesta, planificada e intencional en la educación de la igualdad.
En todo lo dicho puede parecer que se trata meramente de aprender la ley. En parte sí pero no basta. Los valores pueden prescribirse y protegerse por vía jurídica y política pero ninguna proclamación de derechos por sí misma puede conseguir la interiorización de la cultura de la legalidad. De hecho la insuficiencia del derecho por sí solo, reclama en el centro escolar tiempos y espacios de encuentro donde se experimenten los valores que sustentan la ley para que éstos cotidianamente puedan comprenderse vitalmente. Hay que considerar también que la legalidad no se caracteriza por ser una ciencia exacta, como lo son las matemáticas. Para educar en la legalidad hay que saber valorar la aceptabilidad de la ley y conocer conceptos tales como norma, ordenamiento jurídico, legalidad, legitimidad, derecho, sanción, o justicia. Pero es necesario hacer comprensible tales conceptos utilizando términos ajustados al nivel de comprensión escolar y también es indispensable exponerlos refiriéndolos a situaciones conocidas y cotidianas, ligadas con la experiencia vital del alumnado, con el fin de que repercuta en la sociedad lo que han aprendido en el aula. Es más, debe mostrarse cómo las leyes cambian históricamente y pueden organizar la sociedad de modo diverso, cómo pueden instrumentalizar a las personas limitándoles la libertad o cómo pueden por el contrario respetar sus derechos y su dignidad. Es decir, la leyes han de ser valoradas y para ello es necesario comprender su contenido, analizando si son beneficiosas o no para la sociedad.
Desde este planteamiento hay que saber presentar ejemplos que hagan ver cómo otras situaciones, antaño consideradas imposible de conseguir, lo han sido ya en el presente como el sufragio universal o la abolición de la esclavitud. Es por ello que la educación de la igualdad dentro del marco teórico de la cultura de la legalidad, se fundamenta en una práctica educativa diaria que debe promover entre el alumnado suficientes recursos cognitivos y valorativos para convertirse en un ser adulto, capaz de discernir lo que debe hacer y lo que no, no por temor a la sanción, sino por responsabilidad social. Es cierto que un cambio tal no se consigue de inmediato pero también lo es que sólo una política educativa, proclive a incluir la cultura de la igualdad en el currículo escolar, puede abrir un camino esperanzador. No olvidemos que las auténticas revoluciones sociales son educativas y que, como hace poco afirmaba en una entrevista Susana Gisbert Grifo, fiscal en la Sección de Violencia sobre la Mujer y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, «la educación es la clave para que desaparezca la violencia de género».
