01 de febrero de 2019
01.02.2019

Tiempos pasados

01.02.2019 | 20:30
Tiempos pasados

Hay determinados nombres que nos retrotraen en la memoria a una de las épocas más negras que ha vivido la Comunitat Valenciana. Este es el caso de «El Bigotes», que con su declaración ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional o la misiva remitida al Juzgado de Instrucción núm. 17 de València, de las que daba cuenta Levante EMV, ha conseguido volver a situarse en el centro de la actualidad política de nuestro país.

Puede ser una mera estrategia de defensa, y por lo tanto sus declaraciones deben ser gestionadas con cautela, siendo los Tribunales quienes determinarán la mayor o menor veracidad de las mismas, aunque sin embargo, las acusaciones que ha vuelto a realizar generan dudas razonables respecto de la actuación de Camps, González Pons, Vicente Rambla o Juan Cotino en esa presunta red de cobro de comisiones y trato de favor orquestada por los máximos responsables del PP valenciano.

Fueron años de despilfarro, corrupción y descontrol en la gestión de lo público, donde los valencianos y valencianas también fuimos culpables por mantener una actitud excesivamente laxa en la responsabilidad in vigilando que teníamos frente a los políticos que elegimos para que nos representen. Si nos paramos a pensarlo, la mayoría de los altos cargos de ese PP que controló la Comunitat Valenciana durante más de 20 años, de una forma u otra, han pasado por prisión, tienen causas pendientes de enjuiciamiento o simplemente han eludido su posible responsabilidad penal al fallecer antes de que se dictara sentencia judicial.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hablaba de 90.000 millones de euros al año el coste que suponía la corrupción en España. En ese concepto se incluían los sobrecostes en las contrataciones públicas, el clientelismo que se mueve cerca del poder y los innumerables casos de corrupción, donde los valencianos tenemos sello propio que nos identifica con el caso Cooperación, Palau de les Arts, Emarsa, Valmor, Feria Valencia, y los todavía pendientes de resolución como Imelsa, Ciegsa, IVAM, la financiación ilegal del PP o el caso Taula.

Por suerte, y como afirmaba Sigmund Freud, el primer requisito de la civilización es el de la Justicia, y frente a esa clase política empobrecida, se supo imponer la supremacía del imperio de la ley, como piedra angular sobre la que sustentamos nuestra democracia y el ordenamiento jurídico que nos hemos dado. En este punto, y con el horizonte electoral muy próximo, aquellos tiempos pasados nos deben de servir como lección para no volver a cometer los mismos errores.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook