La historia de los once vietnamitas detenidos por ser obligados a cultivar marihuana para una mafia china, que los explotaba y vejaba a su antojo aquí al lado, en polígonos muy próximos a la próspera València, deja en entredicho, una vez más, la diligencia de las administraciones cuando de darle solución a las víctimas se trata. Llevan en la puñetera calle desde que el juez los dejó en libertad el viernes, al filo del fin de semana, claro. El protocolo de atención a las víctimas de trata de seres humanos lo deja claro (léase a Ignacio Cabanes en la página 15), pero aquí, salvo Cáritas y el Ayuntamiento de Torrent, nadie ha movido un dedo aún para ocuparse de lo más inmediato: comida y cobijo, esas dos feas costumbres humanas. Y protección jurídica: ni siquiera se ha paralizado el proceso de expulsión. Aunque no piensen en términos de humanidad y solo se centren en la necesidad jurídica de tenerlos cerca para apuntalar la acusación contra los dueños de la droga. Esta mañana, si nadie lo remedia, volverán a la calle, a 10.500 kilómetros de sus casas y sus familias, sin hablar ni papa de castellano y con una mano delante y otra detrás. Tres días daban para algo más, ¿o no?
