A cuatro meses de las elecciones autonómicas de mayo, el president Puig mandó sendas cartas al Gobierno. Desafortunadamente eran fuegos artificiales con respuestas conocidas incluso antes de la redacción de cada una de ellas. Todo un ejercicio de melancolía desde el Palau.
La primera de estas cartas pide la convocatoria urgente del grupo de decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que, en el transcurso de este primer semestre de 2019, se remita una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. El objetivo sería que el Gobierno pudiera elevar el aparentemente condenado proyecto de ley de Presupuestos con un nuevo modelo financiero a las Cortes, este mismo año. Recordar la claridad de las palabras de la ministra Montero en la prensa nacional: «En esta legislatura (que se pretende alargar hasta 2020) el presidente Sánchez ya dijo que podremos avanzar con los trabajos técnicos y en mejorar el clima, pero no da tiempo para sacar el proyecto de un nuevo modelo adelante». Hay que insistir en que la resolución de este tema sobrepasa la capacidad de decisión de una ministra enfrascada en la epopeya de unos Presupuestos Generales 2019, con Cataluña como metaobjetivo, ya que esta reforma depende también del resto de Comunidades Autónomas (CC AA) muchas de ellas poco interesadas en cualquier cambio. El paradigma de este desinterés culpable es la Comunidad de Madrid, donde el tema despierta nulo interés, tanto en la izquierda como en la derecha. Por su lado, el actual gobierno presidido por el PP ha dejado por escrito que en materia de financiación todo está bien, mientras que por parte de la izquierda en estos días de efervescencia mediática de Podemos y sus gentes, nada ha dicho sobre el cambio de modelo. ¿Han oído referencia alguna sobre financiación autonómica al rutilante Iñigo Errejón? La Comunidad de Madrid, que nunca debió formar parte de las CC AA de España, como mucho debía haber tomado un estatus de capitalidad parecido al Distrito Federal de Washington que no es un Estado dentro de la federación de estados que es de USA. En Madrid nada se dice de los problemas financieros del estado autonómico, para contento de los tertulianos de la villa y corte, que así pueden centrarse en listas y otros morbos, completamente alejados de la financiación de las CC AA. Por otro lado, insistir en la insolidaridad de las comunidades forales es pura repetición colérica.
La segunda misiva, está dirigida a la ministra de Economía Nadia Calviño e incluso tiene mas enjundia informativa. En ella el president pide, nada mas y nada menos, una quita o compensación de la deuda de la GV «similar a como se ha hecho en otros países europeos» o lo que es lo mismo que el Estado consolide como propio buena parte de la deuda (hay que suponer incluye a todas las CC AA, incluyendo a Cataluña) generada por la infrafinanciación. Es conocida la teoría del Consell que solo el 10 % es achacable a la forma de proceder de los muchos años de ZOC (Zapana-Olivas-Camps) en el poder. A partir de ello las mismas cabezas académicas que en su día pactaron con el Estado los distintos modelos de financiación recurren a una especie de «Valencians, Espanya ens roba» exigiendo una «deuda histórica» de ¡20.700 millones de Euros! Una cifra infumable para el Estado y para el resto de CC AA.
Esta segunda demanda también nació rechazada con antelación por la propia ministra receptora de la misma: «La posibilidad de una quita de la deuda de las comunidades no está sobre la mesa». Esta es una de tantas condiciones que la UE puso al Reino de España para evitar una intervención más contundente. Parece que Puig al aspirar a una quita al modo de «otros países europeos» siente una cierta envidia del desagradable proceso vivido en Grecia.
Hace cuatro años la deuda de la GV era menor y el conflicto catalán menos áspero. El incremento de la deuda valenciana en este cuatrienio se ha debido, en buena parte, a la práctica del Consell de elaborar presupuestos con ingresos virtuales, a cuenta, de un inexistente nuevo modelo de financiación. Una práctica que inevitablemente se convierte en incremento de «deuda histórica» y así, hasta no se sabe cuándo. Había entonces otras salidas que la de elaborar presupuestos con ingresos falsos, como la de devolver determinadas competencias al Estado. Cuando se gestionan servicios púbicos con proclamas de carecer de recursos para llevarlos a cabo, parece de sentido común, aunque tenga muy mala digestión política, devolver competencias a quien las trasfirió.
En una sociedad democrática el político está limitado por la legalidad y para la vigilancia en el cumplimiento financiero de ésta existen, en primer término la Intervenciones Generales que, como la justicia, si no son rápidas, acaban siendo ineficaces. ¿Qué tiene que decir la Intervención General de la GV sobre unos presupuestos elaborados con ingresos virtuales? Sorprendentemente ya metidos de lleno en 2019, los valencianos seguimos sin conocer el obligatorio Informe General sobre los resultados más significativos de la ejecución del plan de control financiero permanente 2017. Es decir, todavía ignoramos la opinión de los altos funcionarios autonómicos sobre el segundo presupuesto completo de un Consell gestionando por encima de sus ingresos. Los comentarios correspondientes al primero de ellos, 2016, publicado con mucha más presteza, fueron muy alarmantes para quienes no vivimos el día a día de la ingeniería financiera en el sector público.
Tiene algo de patético y desmoralizador saber de estas cartas a cuatro meses de unas elecciones, cuando se han tenido cuatro años para buscar un pacto de Estado en torno a los principios básicos de un sistema de financiación de carácter federal. Seguimos careciendo de un marco institucional adecuado que alcance al gobierno Central, los gobiernos autonómicos y los grandes partidos políticos. Estamos ante una de las principales reformas estructurales pendientes, que requiere un pacto muy amplio.
Puig habría sido más coherente y valiente enviando estas cartas de enero de 2019, incluso antes de su toma de posesión en 2015.
