La preocupación de los españoles por el desempleo es una constante. Según los datos del CIS, de 1985 a la actualidad, el paro es el asunto que más preocupa a los ciudadanos y desde la crisis económica en 2008 la preocupación sigue creciendo; tan solo fue superado por el terrorismo en 2000 y por la inmigración en 2006.
El año 2019 arranca con la destrucción de 204.865 empleos y 83.464 parados según los datos de afiliación a la Seguridad Social publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Centrándonos en los jóvenes, la tasa de parados menores de 25 años, siguiendo la información del Ministerio, se incrementa en 4,15% respecto a cifras anteriores; es decir, ahora hay 19.252 jóvenes más en el paro; además habría que añadir a los de 25 a 29 años, cuya tasa de desempleo ha ascendido un 5,84% más en relación al mes anterior. Esto representa 16.662 parados de 25 a 29 años. Es evidente que son malos datos.
Mientras las cifras no bajen, la iniciativa del gobierno de aumentar las partidas de las prestaciones y subsidios (17.469 millones en 2018) me parece muy loable. Además esto debería ir acompañado de unos presupuestos que apuesten por las políticas activas de empleo, favoreciendo a los que más lo necesitan: jóvenes y parados de larga duración, así como a aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social.
El trabajo ocupa una parte importante de la vida de las personas, por ello es completamente normal que sea la cuestión que más preocupa a los españoles. Sin embargo a la vista de los datos, es la que preocupa poco o nada a algunos políticos, ocupados en otros menesteres particularistas, sin tener en cuenta las necesidades reales de todos los españoles. El profesor Miguel Ángel Altuna, en su intervención en el Congreso Interuniversitario Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrado en Sevilla, declaraba que "hace falta más democracia, más sociedad y menos mercado". Junto a la preocupación manifiesta de ocupar un puesto de trabajo, coexiste la de que este sea de calidad, es decir, que permita por lo menos llegar a fin de mes y que no cree más desigualdades sociales; tal y como se insistió en el mencionado congreso y como los últimos informes de la OIT han mostrado.
La respuesta a este problema (trabajo para todas las personas y de calidad) está en más democracia, más sociedad y menos mercado. Nuestros políticos deberían trabajar más y mejor para luchar contra las desigualdades sociales.
