El rechazo del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, era una cuestión sobre la que no existía ninguna duda. Después de esta afirmación, alguien podrá decir que este tipo de análisis son relativamente sencillos cuando lo que se está abordando son hechos consumados, sin embargo, el desenlace que estamos viviendo estos días es el resultado de una mala gestión de la moción de censura que por dignidad se presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy.

La mayoría de los ciudadanos entendimos que por higiene democrática el Partido Popular debía abandonar el Palacio de la Moncloa. La avalancha de casos de corrupción, el trasiego de políticos por las cárceles y las sentencias judiciales crearon un ambiente irrespirable, pero a partir de ahí, lo que resultó incomprensible es que no se convocaran elecciones generales de inmediato y Pedro Sánchez decidiera emprender un viaje a ningún sitio.

Ni la subida del 52% de la inversión en Cataluña, ni el ofrecimiento de un relator, ni incluso una posición más comprensiva en el proceso judicial seguido en el Supremo han servido para contentar a los partidos independentistas, ya que sus exigencias están en otra esfera. Así, cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña sigue los dictados del prófugo Puigdemont, nada de ello sirve, puesto que lo único que se persigue es doblegar al Estado de Derecho.

Lo que hemos vivido estos meses con el Ejecutivo socialista ha sido una pura teatralización, donde parece que más que una acción de gobierno o confección de unos Presupuestos, lo que se ha querido mostrar a la ciudadanía es un programa políticos para las próximas elecciones, aunque desde mi punto de vista, se trata de una estrategia desafortunada que no creo que dé el resultado que se espera.

Se ha jugado con las legítimas ilusiones de miles de españoles y españolas, proponiendo entre otras cosas el aumento del gastos social, elevación de la presión fiscal para las rentas más altas, la subida de la partida contra la violencia de género, la eliminación del copago sanitario o el aumento del presupuesto para dependencia o vivienda, además de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aprobada en este caso por Decreto, y que ha generado miles de despidos y también podría perjudicar gravemente a los centros especiales de empleos de personas con discapacidad, al no tener garantizado presupuestariamente dicho aumento. En definitiva, unos y otros, han convertido el Congreso de los Diputados en un puro escenario de lo irreal, donde hace muchos años que se ha dejado de hablar de política con mayúsculas.