En el Acuerdo de Legislatura suscrito en la Mesa General de Negociación de la Generalitat de 9 de junio de 2016, se acordó la creación de la Comisión de Diálogo del Sector Público Instrumental de la Generalitat. El Acuerdo prevé que las medidas acordadas en el mismo, así como aquellas que se pacten o acuerden en desarrollo de este, podrán inspirar acuerdos de aplicación al personal, entre otros, al servicio del Sector Público Instrumental de la Generalitat. También se establecía como objetivo de todas las partes, Consell y sindicatos, la reducción de la temporalidad mediante las Ofertas de Empleo Público y que el sistema de selección seria mediante concurso-oposición.

La situación del empleo en el conjunto de las entidades que integran el Sector Publico Instrumental era ciertamente compleja, con Eres realizados en casi la totalidad de ellas, un proceso de reordenación cuestionable, con dificultad para discernir quien era personal fijo, quien temporal, sistema de acceso, etc. Pero en cualquier caso, con criterios de acceso y selección dispares y con unas tasas de temporalidad elevadas.

Partiendo de esa realidad, en la Comisión de Diálogo nos propusimos regularizar esa situación. Así, se han negociado y pactado acuerdos para la reducción de la temporalidad y de criterios de aplicación a las ofertas de empleo público y sus convocatorias. Ambos publicados en el DOGV como Resolución del Conseller de Hacienda y Modelo Económico. Por otra parte, se ha publicado también un III acuerdo sobre criterios para la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal.

Para CCOO, en el acceso al empleo público, no valen atajos, ni argumentos de excepcionalidad, ni pretender utilizar sistemas de selección claramente ilegales. El cumplimiento de la ley y de los acuerdos alcanzados es responsabilidad de todas las partes, empezando por quienes tienen responsabilidad política e institucional, que deben ser los máximos garantes de los mismos.

Con las ofertas de empleo negociadas, entre ellas las recientes de las entidades IVASS e IVC, la tasa de temporalidad en el conjunto del Sector Público se reduce de manera muy considerable, aproximándose al objetivo de un máximo del 8%. Tenemos retos que no admiten demora. Una Ley reguladora del Sector Público es imprescindible, en la que entre otras materias, se incorpore el contenido de los acuerdos antes señalados.