La inmigración se ha situado como uno de los problemas que más preocupa a los españoles. No es para menos viendo la deriva de las políticas aplicadas, tanto nacionales como locales, siendo nuestra Comunidad un claro exponente del desbarajuste. Han transcurrido casi nueve meses de la crisis humanitaria del 'Aquarius' y desde entonces mucho ha cambiado en las posiciones de nuestros políticos. Un buen ejemplo de ese cambio fueron las medidas adoptadas en el caso del 'Nuestra Madre Loreto', el pesquero de Santa Pola abandonado a su suerte por las autoridades españolas con varios inmigrantes rescatados. O el bloqueo del 'Open Arms' en el puerto de Barcelona.

Se pasó de un exhibicionismo triunfalista de la solidaridad por parte del recién estrenado Gobierno de Sánchez, respaldado por el autonómico y local valencianos -como pudo verse con el 'Aquarius'- a la más exquisita de las prudencias. Solo queda el recuerdo en hemerotecas de aquel minuto de gloria del desembarco en el puerto de València con los balcones con mensajes de bienvenida y los discursos de hermanamiento y cargados de promesas de Pedro Sánchez, Joan Ribó y Mónica Oltra.

Existe un sentimiento profundamente arraigado entre los ciudadanos del deber de acogida. Multitud de hechos avalan ese sentir. Pero por este motivo los políticos deberían ser respetuosos con la sociedad valenciana y no ocultar la preocupante realidad en torno a la inmigración. Hay en la Comunitat Valenciana 50.000 personas inmigrantes sin autorización de residencia y condenadas a la exclusión social. Pero es que el 80% de nuestra población inmigrante vive en la pobreza y cerca del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en las calles valencianas son extranjeras, la mayoría subsaharianas víctimas de mafias que las condenan sin piedad a la marginación. Nadie ha alertado, tampoco, de que la mitad de las personas que duermen en la calle en la ciudad de València son extranjeras y que para ellas obtener papeles es básico para poder salir de la exclusión. Sólo estando regularizados podrán trabajar y sortear el deterioro social, la dependencia y las enfermedades mentales.

Pocos son conocedores de la triste realidad del menor inmigrante tutelado al cumplir la mayoría de edad. Hoy por hoy, la mitad de las personas que atiende Cáritas son inmigrantes abocados a la pobreza por causa de su situación irregular. Y a los políticos se les sigue llenando la boca con tal o cual «Plan Social». No cabe duda de que los valencianos son solidarios, pero con este panorama pretender marcarse un tanto político usando la solidaridad es insultarla.