07 de marzo de 2019
07.03.2019

Mujeres al poder

07.03.2019 | 22:59
Mujeres al poder

Hasta diciembre de 1966, la mujer tuvo prohibido el acceso a la judicatura y la Fiscalía. La Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer de 1961 consideraba que permitirlo "pondría en peligro ciertos atributos a los que no debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad".

Ese disparate explica la tardía incorporación de la mujer a Justicia. Hoy, la tasa de feminización de la carrera fiscal es del 64 por ciento, la de la carrera judicial del 53,2 y en las últimas promociones el porcentaje de mujeres ronda el 70 por ciento en ambas. Pero la preeminencia del varón es abrumadora en los órganos de dirección del Poder Judicial, donde la mujer encuentra estructuras jerarquizadas y masculinizadas en las que los puestos de mando están fuera de su alcance.

Erradicar este desequilibrio requiere de medidas que faciliten la llegada de las mujeres a cargos de responsabilidad desde los que transformar el Poder Judicial, porque si queremos una sociedad más igualitaria y justa primero debe serlo su Justicia. Ruth Bader Ginsburg, miembro del Tribunal Supremo de EE UU, nos enseñó que el Derecho puede ser un instrumento de avance en derechos, justicia social y democracia.

Desde el Derecho, las mujeres debemos revolucionar una sociedad construida sobre un reparto jerárquico de roles que nos trata como ciudadanas de segunda clase. En 2016, datos del INE, las mujeres cobraron 5.793 euros anuales menos que los trabajadores, una brecha salarial del 22,35 por ciento. Y su presencia en los órganos de gobierno de compañías españolas es de solo 22 por ciento.

Corregir este desfase es justicia social y también interés económico: el informe 'Women Matter 2017: A way forward for Spain', de McKinsey and Co., concluye que "si España alcanzara los niveles de otros países de Europa respecto a diversidad de género obtendría 110.000 millones de euros más -ocho puntos porcentuales- en el PIB de 2025".
Si la brecha salarial es grave, la violencia de género es la más dramática consecuencia de la desigualdad de la mujer. Desde 2003 son 984 las mujeres asesinadas por la violencia machista; desde 2013 se contabilizan 27 menores inmolados y 238 huérfanos. Es insoportable este goteo de muertes e insostenible la revictimización de las mujeres que se atreven a denunciar un ataque a su libertad sexual.

Esto ocurre doce años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por eso es imprescindible profundizar los sistemas de prioridades, de cuotas, y acabar con la actual infrarrepresentación en las cúpulas de poder. Parafraseando a Simone de Beauvoir, no se trata de que las mujeres brillantes lleguen a puestos importantes, sino que las normales accedan a puestos tan importantes como los que ocupan los varones normales.

Tomar el poder desde el Derecho debe ayudar a implantar la perspectiva de género en toda la actividad de los poderes públicos. Así lo hacemos ya en el Ministerio de Justicia. La igualdad de género es un compromiso del Gobierno, el primero con mayoría de ministras, porque una democracia no es plena si los derechos de las mujeres no están garantizados.

Dijo Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, que "la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos". Por eso debemos luchar contra el orden establecido que nos impide ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones. Las mujeres debemos tomar el poder para que llegue el día en el que no tengamos que dar las gracias por conseguir lo que en justicia nos corresponde.

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