El título del relato podría ser «Los dos Mestalla». El mejor resumen lo ha hecho la candidata de Podem, María Oliver: «Me parece curioso que estemos siempre arreglando los desaguisados del pasado. La permuta fue un destarifo (un valencianismo que la RAE debe aceptar) y la ampliación del Mestalla también».
Aprovechando que la Sra. Oliver además de joven es arquitecta me atrevo a añadir que este destarifo inmobiliario-futbolístico no es fruto de la ignorancia. Desde 1992 cuando apareció Valencia SAD (Sociedad Anónima Deportiva) al club lo han dirigido especuladores varios, unos en busca de inversiones productivas, otros con la esperanza de notoriedades políticas o personales.
Siendo muy poco futbolero, hace veintidós años, por vía judicial recibí el encargo de investigar la ampliación del capital del Valencia SAD (800 millones y 102.000 acciones vendidas). En aquellos archivos encontramos una trama a través de la cual Francisco Roig, sus familiares y consejeros trataron de comprarlo. Una red de testaferros de más de 2.000 personas que, consciente o inconscientemente, prestaron sus firmas para acumular acciones en una ampliación que tenía un límite de compra de nueve títulos. Detrás la especulación: negocio televisivo y valor del metro cuadrado urbano.
En estos días «Los dos Mestalla» alberga relatos preocupantes uno es el de un club que aspira a determinados éxitos y que puede carecer de estadio, otro es el de un alcalde de izquierdas incapaz de metabolizar el regalo envenenado que su antecesora le dejo en forma de alianza con un financiero de Singapur.
Tras los festejos del centenario y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, la propiedad del Valencia SAD ha decidido moverse en la charca de «Los dos Mestalla» consistente en tener (mejor, no tener) dos estadios en la ciudad. Seamos más exactos: uno nonato, como ocurre en toda operación financieramente fallida, a medio construir desde hace diez años, y otro que no acaba de desaparecer, con una parte de él correspondiente a una ampliación anulada por una sentencia del Tribunal Supremo. Se hicieron obras para ganar unas miles de localidades a costa de un espacio público. La sorprendente aprobación por el Ayuntamiento en 1998, refrendada un año después por la entonces Consejería de Obras Públicas, quedo afortunadamente anulada.
La sentencia fue un éxito del movimiento vecinal que se opuso desde el principio a unas obras que afectan a las calles de Artes Gráficas, Juan Reglà y a las avenidas de Aragón y de Suecia. Sin embargo la decisión judicial fue minusvalorada ante la promesa de la inminente construcción del segundo Mestalla en la Avenida de Les Corts. Después, debería venir la demolición del Mestalla viejo, sobre cuyos terrenos había planificadas golosas operaciones inmobiliarias. En el arrebato de la burbuja inmobiliaria, el nuevo estadio iba a ser una construcción maravillosa a juego con una Comunidad líder. El debate se reducía a las alturas de las torres que iban a construirse sobre el antiguo césped. Eran los días de vino y rosas, de especuladores y de administraciones afortunadamente mandadas a la oposición hace cuatro años.
En «Las dos Mestallas» abundan las fakes; respecto al estadio inacabado, el servicio de prensa del club las usa para tranquilizar a accionistas y aficionados, anunciando periódicamente imposibles reinicios de obras. La fake del Mestalla viejo es más reciente y refiere una portentosa hoja de ruta, según la cual el estadio que iba a construirse será derribado y el que estaba destinado a la demolición, sobrevivirá al destino que los especuladores le habían reservado.
Los valencianos llevan casi tres lustros sufriendo las consecuencias de los mordiscos de «Los Dos Mestalla» sobre su mapa urbanístico, uno en forma de obra sin acabar que ocupa un lateral de la pista de Ademuz, un constante monumento de grandes dimensiones a las capacidades de la estupidez humana, y otra una ampliación que sigue ocupando aceras de todos, ante la perplejidad ciudadana.
Con Barberá en el Ayuntamiento, nadie podía pensar que se iba a presionar para que se cumpliera la sentencia del Supremo. Estaba en manos de la Federación de Vecinos, pero ahora también lo está en manos del Ayuntamiento, que es consciente que se acaba el tiempo para exigir su cumplimiento y que si nada hace, en pocos meses, Peter Lim será propietario de un estadio ampliado irregularmente en tiempos de Roig.
El mundo del futbol acogota a los responsables públicos. En Enero el alcalde Ribó tuvo palabras impropias de alguien que ostenta un cargo democrático como el suyo: «Nosotros, de momento vamos a ver si el club ya mueve ficha en lo que hace mención a la zona del actual Mestalla. En esta legislatura he dicho que me callaba con este tema, pero en la siguiente tendremos que hablar. Aguantaremos y esperaremos unos meses, pero esta situación no puede seguir así para siempre. Hemos intentado ser muy respetuosos con la situación del Valencia estos años, pero se está haciendo muy largo. Y eso es algo que lo deben entender desde el club». Muy seguro debe estar de su reelección, cuando reconociendo el problema, deja su resolución ad calendas graecas.
Los hechos son tozudos: El pasado día 15 acabaron las ofertas para el Mestalla viejo. Poco éxito tuvo. Diez días después, Anil Murthy, presidente del Valencia SAD, lanzaba su propio fake en forma de encuesta ficticia, «nueve de cada diez valencianistas desean quedarse en el actual estadio de Mestalla». Esto es, derribamos lo construido lo reaprovechamos y volvemos al Mestalla de siempre. ¿Quién se atreverá a oponerse a los «valencianistas» en plena precampaña de las municipales?
Ante la doble constatación de que el plazo para ejecutar la sentencia del viejo Mestalla puede ser tan corto como que sin un reinicio inmediato del nuevo, la operación Mestalla fracasará, es obligado preguntar al alcalde Ribó y al resto de candidatos a la alcaldía, que indiquen la forma de salir de esta charca que a lo largo de años Peter Lim y Rita Barbera construyeron.
A pesar de ser consciente de las dificultades, tras tantos años de desidia¨, una visión progresista de la ciudad aconseja pedir para antes de elecciones la ejecución de la sentencia del Supremo.
