El lunes hizo un año de aquel Domingo de Resurrección -o de Reversión- de 2018 que puso fin a los casi 19 años en los que La Ribera había tenido un hospital público con gestión indirecta privada. Hace doce meses que Sanidad tuvo que asumir el funcionamiento del departamento de salud con sus propios medios. Y el resultado ha sido el que se esperaba y que, por otro lado, se advirtió: hay más lista de espera, la atención a los pacientes ha empeorado, los profesionales trabajan con peores medios y han sufrido impagos, presiones y acoso -luego hablaré de los despedidos- y La Ribera ya cuesta a los ciudadanos mucho más de lo que costaba antes de la reversión, en dinero y en salud. El mismo día 1 de abril, a las 8.00 de la mañana, fue despedida, sin muchas explicaciones, la práctica totalidad del equipo directivo, con indemnizaciones con cargo al erario público. A día de hoy, las explicaciones las está dando el juzgado de lo social, y se ha obligado a la Conselleria a la readmisión por despido improcedente, con mismo sueldo y posición, de todos los que hasta ahora han celebrado juicio. Otra consecuencia de la reversión.
Hace justo un año, la suerte estaba echada. Que el cambio de modelo iba a ser un fracaso era conocido por todos, pero finalmente el Hospital de La Ribera, como se había conocido hasta entonces, murió el 1 de abril del año pasado (como Santiago Nasar, protagonista de la Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez, todos menos él sabían que iba a morir). De nada valieron los avisos ni las advertencias, los planes estratégicos ni los solventes informes, como el encargado por la propia Conselleria al Síndic de Comptes en el que se constataba cómo el modelo Alzira conseguía mejores resultados en salud y mayor satisfacción de la población a un coste mucho menor, del orden de un 25% menos que con la gestión directa. De nada valían los datos, los resultados, las comparaciones e incluso una exhaustiva auditoría realizada para constatar, por adelantado, los problemas que iba a encontrarse la Administración en la gestión directa de este hospital por su rigidez y escaso margen de negociación en todos los ámbitos.
Un año después podemos confirmar lo que ya sabíamos: la reversión fue mal planificada y peor ejecutada. Acabamos de saber que a 15 de noviembre había un 31% más de plantilla (600 trabajadores más) y es posible que en la actualidad la cifra sea aún mayor (recuerden que un representante de la Conselleria ya anunció que se contrataría a «a familiares y amigos»), que según un informe de la propia Conselleria de 12 de marzo de este año, la lista de quienes esperan más de 180 días para una cirugía se ha incrementado un 1.000% (la cifra es correcta) y en casi todas las especialidades los pacientes esperan más que hace un año para ser operados: en otorrinolaringología sube un 41,06% (de 43 a 61 días); en cirugía ortopédica y traumatología aumenta un 31,15% (de 61 a 80 días); en cirugía pediátrica sube un 30,55% (de 42 a 55 días); y en neurología, un 14,75%, de 61 a 70 días. Y eso que la entrada de pacientes en lista de espera se ha disminuido hasta en un 22%.
Además, han aumentado las reclamaciones de enfermos y familiares y en los centros de especialidades de La Ribera esperan casi un mes para una consulta (en Sueca una media de 29 días, en Alzira II, 27 días). Y no se sabe qué actividad dicen que ha aumentado, porque los datos oficiales -el citado informe de Sanidad-, refleja que la actividad en consultas se reduce en el Hospital de La Ribera y en casi todos los centros de salud del departamento (un 3% en el hospital y en Carlet y Cullera un 16 y un 11% respectivamente). Pero, además, cada decisión de gestión tras la reversión ha sido desastrosa, como lo demuestra el hecho de que por primera vez se desvían miles de pacientes a una clínica privada para hacerse ecografías y resonancias, o la fracasada creación de la unidad de pre-ingresos que, tras recibir multitud de quejas por parte de profesionales y pacientes (falta de personal asignado, un baño para 26 pacientes, etc.), ya no se utiliza.
Sabemos, porque se han publicado las facturas, que el material sanitario y los medicamentos se pagan hasta un 70% más caros ahora que antes de la reversión. Por no hablar de la expropiación del aparcamiento, que sigue generando angustia y estrés a profesionales y pacientes cuando llegan al hospital; o la planificación de turnos, asignación de recursos, falta de especialistas en los centros de salud y un largo etcétera que confirma, sin lugar a dudas, que un año de reversión en La Ribera ha sido un año a peor.
La reversión del Hospital de Alzira nunca fue una prioridad sanitaria ni asistencial. Lejos de tratar de atender las necesidades reales de nuestros ciudadanos, la decisión se tomó por una prioridad política, como ha confirmado la ex consellera de Sanidad, Carmen Montón, en su artículo publicado el 1/04/18 en Levante-EMV. Diría más, antepusieron unos supuestos intereses electorales y también personales de algunos dirigentes, como se ha visto un año después. Tanto es así y se sabía, que un alto cargo de la Conselleria, uno de los mayores instigadores de la reversión, si no el mayor, llegó a decir en privado (yo estaba presente) que calculaban que el Hospital iba a costar un 30% más para hacer un 30% menos, pero que eso no era lo importante, sino el impacto político que se buscaba. Aun se quedó corto
