Faltaba el último pertardo (por ahora) de la mascltetà de la corrupción. La detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, y la investigación extendida sobre su esposa María Asunción y las tres hijas de ambos por el presunto cobro de mordidas por contratos municipales con seis empresarios amenaza con destruir definitivamente el recuerdo y el legado de la alcaldesa que gobernó la ciudad de València durante 24 años, una herencia que reivindicaban hasta el estallido del caso Azud tanto los populares valencianos como el expresidente José María Aznar y las cúpulas pasada y presente del partido conservador.
Siguiendo un aforismo muy utilizado en la batalla política, si la alcaldesa sabía qué se cocía en la misma puerta de su despacho, guardado celosamente por su hermana Totón como jefa de gabinete, malo. Y si no lo sabía, malo también. Convivir con la familia tanto en València como en los veranos de Xàbia, y no percatarse de lo que supuestamente pergeñaba su cuñado con al menos seis destacadas empresas contratistas de su ayuntamiento suena a tener los ojos muy cerrados.
Si algo enseña el seguimiento de la actualidad valenciana es que no se puede poner la mano en el fuego por nadie. Eduardo Zaplana alardeaba constantemente de la limpieza de su gestión pese a lo que se comentaba en los corrillos y los medios. Incluso desafiaba a todos a sacar algo verdaderamente gordo y no los arañazos inofensivos que esquivó durante más de dos décadas. Hasta que llegó la hora, hace casi un año, de su detención y encarcelamiento y emergió una trama de comisiones con depósitos millonarios en paraísos fiscales.
Si como se viene comentando, Corbín era la ventanilla en la que las empresas tenían que presentar sus «credenciales» para optar a contratos en la ciudad de València habrá que dilucidar si los «rendimientos» del supuesto comisionista iban a la familia básica, la familia extensa, el Partido Popular o todos a la vez. Barberá ganó también las elecciones municipales de 2015, pero la unión de la izquierda en el Pacte de la Nau la envió a la oposición y ella no quiso quedarse en la Casa Consistorial aguantando a quien había destruido su imagen un año antes con el llamado Ritaleaks, aquel paquete de facturas de envíos de cajas de naranjas a los centros de decisión de España en el que la Justicia no apreció delito cuando la faena política ya estaba hecha y la pieza, cobrada.
Y Rita se fue de senadora a Madrid, donde murió hace dos años y medio sola y arrinconada por la familia de la gaviota. Sus responsabilidades políticas ya se habían sustanciado en las urnas y en cuanto a las penales, centradas en la acusación de blanqueo de capitales por aportar mil euros a su propia campaña electoral quedaron extinguidas en la misma hora de su fallecimiento.
Sólo unos pocos irredentos le trasladaron su cariño y su calor en las horas bajas de la exalcaldesa. Pedro Agramunt, José Manuel García Margallo y no muchos más. La política obliga a olvidar rápido a los caídos en la pugna. Hasta en su propio grupo municipal, el de los 50 concejales y asesores imputados por lo de los mil euros, como ella misma, hubo un cierto distanciamiento con la que había sido su lideresa, aunque algunos se mantienen firmes aún hoy, como el asesor Luis Salom, quien rinde culto a Rita Barberá en su perfil de Twitter.
Uno no se explica cómo aunque falte un mes y medio para las elecciones municipales, no han dimitido esta misma semana los concejales del PP elegidos en la última lista de Rita Barberá. Aguantan como una piña en defensa de que los mil euros blanqueados son una idiotez prolongada irresponsablemente por la justicia y no dejan el cargo porque no quieren que parezca que se van porque son culpables. Pero tenerse que leer todos los días de esta semana lo que hacían Corbín y compañía con contratos que ellos mismos votaban en las comisiones y los plenos sin saber nada es un desafío a los límites de su resistencia.
A la candidata popular a la Alcaldía, María José Catalá, es a quien le han puesto las cosas más fáciles estas duras horas para la familia Barberá-Corbín. Una de las primeras iniciativas que tomó tras ser proclamada aspirante fue reivindicar la figura de Rita Barberá y los logros de su gestión municipal, pese a sus abundantes y evidentes diferencias con la que fue alcaldesa. Pero la familia de esta se disgustó tanto que emitió un durísimo comunicado en el que acusó al PP y a Catalá de «sacar a pasear el cadáver de Rita Barberá» con intenciones electoralistas. La aspirante debió pensar: a otra cosa, mariposa, y es posible que hasta haya hecho enmarcar el comunicado, oro en paño a su favor tal como se han puesto las cosas, con Corbín en la cárcel por supuesta corrupción y la familia alineada con los ultras de Vox. Ahora, que reivindique a Rita Barberá el que quiera.
Peor trago que Catalá tienen Vicente Prieto (Secopsa), Carlos Turró (Cleop) y los otros cuatro empresarios que pasaron supuestamente por la ventanilla del cuñado abogado hoy encarcelado. El caso Azud convierte en un juego de niños la acumulación de seis sumarios por parte de quien era el brazo derecho de Barberá, el vicealcalde Alfonso Grau, en el banquillo estos días por aceptar relojes de gama alta del empresario Urbano Catalán que luego revendía para adquirir otros que le gustaban más. Ni los controles políticos ni los administrativos parecen haber servido para mucho en ninguno de los casos señalados, por lo que habrá que seguir haciéndoselo mirar. Lo que pueda incidir la basura retenida en el azud de Corbín en las elecciones municipales próximas dependerá de lo que del caso salga a la luz hasta entonces. Lo que parece claro es que las peticiones de rotulación de una calle o una plaza de València para la mujer que fue su alcaldesa 24 años ya no solo dependen del final judicial del caso de blanqueo (Taula), sino que queda de nuevo aplazado hasta que escampe el asunto del cuñado, o quizás para siempre. Visto lo visto, ya no hay quien levante esa bandera.
Catalá y Giner revolucionan sus candidaturas
Con las campañas para las elecciones generales y autonómicas a velocidad de crucero, los candidatos municipales ultiman sus programas y sus equipos para concurrir a las urnas un mes después. Los socialistas y Compromís ya tienen sus listas cerradas pero en el PP y en Ciudadanos todo va un poco más lento. En València, María José Catalá configura una lista que será revolucionaria. No puede contar con ninguno de los concejales ni los asesores salientes, todos ellos imputados en el caso Taula excepto Eusebio Monzó, investigado por los patrocinios del aeropuerto de Castelló. La única que tiene puesto asegurado es su jefa de campaña, la todavía diputada autonómica María José Ferrer San Segundo, quien irá entre el 2 y el 4 de la candidatura. Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, suena como refuerzo en esa carrera anticatalanista que la aspirante popular disputa contra su rival de Ciudadanos, Fernando Giner, muy tapado por Toni Cantó en esta recta final de mandato. También Giner prepara una lista de ruptura. La fallera mayor de 2018, Rocío Gil, será concejala pero de los actuales ediles solo repetirán el cabeza de lista y Narciso Estellés.
