Las mujeres no ganamos para sustos. Si además de tener que sufrir feminicidios, violaciones, manadas, abusos sexuales, explotación, pobreza, racismo, exclusión, miedo y sumisión, por referirme solo a algunos de los más lacerantes aspectos de la violencia que ejerce el patriarcado sobre nosotras, ahora vemos peligrar los logros alcanzados, producto de la luchas de varias generaciones de mujeres en las sucesivas olas del feminismo, al tenernos que enfrentar al discurso negacionista de la extrema derecha, secundada por los otros dos partidos de la derecha, que vienen a cuestionar el concepto de violencia de género, a cuestionar la ley del aborto o a promover los úteros de alquiler. Ya hemos podido tener algunas muestras en Andalucía de hasta dónde puede llegar la alianza del rancio y carpetovetónico tripartito, aunque siguen agazapados esperando al resultado de las próximas citas electorales para desplegar sus políticas reaccionarias y ultraliberales, de las que van a ser más víctimas aún las clases populares, los colectivos más desfavorecidos y, especialmente, las mujeres y las personas migrantes.
Y en estas andamos cuando hemos tenido un nuevo sobresalto, esta vez proveniente de fuego presuntamente amigo. Resulta que hace unos días, nuestro progresista Ayuntamiento y más concretamente su Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, nos ha sorprendido con el anuncio de licitación de un contrato, por un valor estimado de 346.072,52 €, para desarrollar, implementar y evaluar un programa de intervención psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las mujeres y que han sido condenados por violencia de género en medidas alternativas, derivados por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Valencia, dependiente de la Administración Penitenciaria y también para hombres que voluntariamente quieran abandonar actitudes violentas contra las mujeres.
El programa se financia con fondos provenientes del Ayuntamiento y de la partida íntegra transferida por la Secretaría de Estado de Igualdad, en virtud de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Entenderán, por tanto, que las feministas estemos indignadas con esta iniciativa. Resulta sarcástico que en vez de destinar esos fondos a los escuálidos recursos dedicados a las víctimas, se destinen a los victimarios, trasladando, además, el peligroso mensaje de que los hombres que ejercen violencia de género es porque tienen alguna suerte de alteración psicopatológica, como se puede deducir de lo que se dice en el informe justificativo, con lo que se cuestiona tácitamente que la violencia de género, la que ejercen los hombres sobre las mujeres por el hecho de serlo, es un problema estructural del patriarcado, haciendo seguidismo de los postulados de la derecha.
No quiero pasar por alto el extraordinario valor simbólico que tiene el hecho de que los primeros fondos que se transfieren desde el Estado a las entidades locales tengan el destino que se les pretende dar. Es sencillamente una burla para las mujeres víctimas de violencia de género.
Por eso, las asociaciones de mujeres vamos a poner todo nuestro empeño en que se revoque esta decisión. Esperamos que los partidos que conforman el gobierno municipal así lo hagan.
