21 de abril de 2019
21.04.2019

Transparencia de las políticas públicas

21.04.2019 | 20:00

La creación de una Conselleria de Transparència, hace ahora cuatro años, fue vista por algunos como algo innecesario, intrascendente. Una conselleria prescindible, decían algunas voces poco afectas con la idea de hacer transparente la acción pública. Otros contemplamos aquella buena iniciativa como algo necesario para restaurar nuestra reputación dañada y para mejorar la calidad de nuestras instituciones; una estrategia política en la buena dirección de la profundización de los valores democráticos básicos. Hoy, en puertas de unas nuevas elecciones autonómicas, el balance de estos años no puede ser más positivo. Es un camino sin vuelta atrás. La transparencia se ha convertido en un eje vertebrador de políticas públicas también en la Comunitat Valenciana. Y ese mensaje dado hace cuatro años es de presente y de futuro.

Hace cuatro años la Comunitat Valenciana centraba su debate electoral en la necesidad de luchar contra la corrupción y el despilfarro de recursos públicos, que, por lustros, había corroído sus instituciones, afectando negativamente a la economía y deteriorando enormemente su reputación, sumiendo a los valencianos en una crisis de autoestima. Hoy nadie pone en tela de juicio que ésta ha sido una legislatura marcada por la consecución de logros efectivos en la materia y por una estabilidad y mejora de la imagen exterior e interior que se debe, en gran medida, a la asunción por la mayoría del Botànic y por su Consell de políticas activas que, aportando transparencia e innovando en muchos campos ha acabado con la anterior dinámica, como ha sido reconocido por diversas entidades y la propia Unión Europea.

En estos años se han puesto en marcha organismos que gozan de autonomía como el Consejo de Transparència, la Oficina Antifraude o la Oficina de Conflicto de Intereses en una clara manifestación de la voluntad de establecer mecanismos de autocontrol potentes. Esto ha sido un eje principal de la acción llevada a cabo por una Consejería de Transparencia, la primera creada en España, que también asumió otras funciones como cooperación, responsabilidad social o participación.

La función esencial de la Conselleria de Transparència ha sido la de liderar el establecimiento de una arquitectura institucional destinada a fomentar la transparencia, el acceso a la información pública y otras políticas de integridad, que generen "climas anticorrupción" que otorguen seguridad a los administrados y a la propia administración. Junto a los grupos parlamentarios de la mayoría, la Conselleria ha promovido o facilitado la aprobación de la Ley de Lobbys, la de Cuentas Abiertas, la de Incompatibilidades, la de la Agencia Antifraude, la de la Inspección General de Servicios, la de Responsabilidad Social, etc. Se ha aprobado un Reglamento de Transparencia, el de Participación, el de Centros de Valencianos en el Exterior o el Código de Buen Gobierno. Ninguna institución posee en España una estructura jurídica de este tipo. Y sólo la conclusión de la Legislatura ha impedido que llegara a les Cortes la Ley del Gobierno Abierto, que será una de las más avanzadas de Europa, en esta cuestión. Se ha dispuesto un Sistema de Alertas informáticas, que, cruzando bases de datos, permitirá prevenir malas prácticas y se ha puesto en funcionamiento un eficaz portal de transparencia, referencia de las políticas en esta materia, con instrumentos especializados como el visor presupuestario.

La Conselleria de Transparència ha promovido, asimismo, en estos años numerosas acciones de estudio e investigación y subvencionado actuaciones destinadas a incrementar el conocimiento en estas materias y la sensibilidad ante ellas, especialmente suscribiendo convenios con todas las universidades públicas valencianas, pero, también, con otros centros de estudios, ayuntamientos, algunas diputaciones, otras comunidades autónomas, etc. Igualmente se han realizado numerosos cursos para funcionarios, y otros destinados a informadores o cuerpos policiales.

La calidad institucional es la mejor garantía de democracia plena y buen gobierno. Los países con instituciones eficaces y honestas prosperan promoviendo entornos que facilitan el crecimiento económico, facilitando la extensión de servicios públicos de calidad, garantizando mayores niveles de justicia social y territorial y ganando la confianza de los ciuda­danos en sus instituciones y en sus representantes. Pese a los innegables progresos en materia de calidad democrática y buen gobierno, en España arrastramos un problema importante, superior a la media de los países de nuestro entorno, que es fuente de un elevado grado de ineficiencia, campo abonado para la existencia de prácticas opacas o directamente corruptas. Algunos indicadores recientes muestran que en términos de calidad democrática la evolución seguida en el caso español empeora en relación con otras democracias liberales. Sin embargo, en el último informe semestral de la Comisión Europea sobre España se cita específicamente a la Comunitat Valenciana como ejemplo en el que se han registrado progresos en materia de regulación de conflictos de intereses. Pero los futuros responsables del gobierno regional y de los gobiernos locales no deben refugiarse en la autocomplacencia sino todo lo contrario. La nueva hoja de ruta trazada por el gobierno del Botànic en materia de transparencia, buen gobierno y calidad institucional se ha demostrado positiva y debe proseguir.

Para concluir con este análisis, tal vez lo más destacado, a modo de balance de estos años, es que este "eje de políticas del Botànic" ha repercutido en la totalidad de la acción de gobierno. Por todas estas razones, no se entienden los ataques que ciertas fuerzas políticas están realizando a las políticas de Transparencia y sus instrumentos jurídicos, institucionales o prácticos. La Comunitat Valenciana precisa aún de herramientas específicas y contrastadas de prevención de la corrupción y de mejora en la eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos. Las políticas a favor de la integridad pública son políticas que requieren de tiempo para consolidarse, pero si se mantiene el esfuerzo, seguro que otorgarán mayor confianza al pueblo valenciano en sus instituciones. Los primeros resultados ya se están viendo en diversas encuestas y estudios cualitativos. Poco a poco se va recuperando la confianza institucional y la capacidad de nuestra Comunitat para progresar y ser un referente nacional e internacional en buena gobernanza. Y los efectos sobre el crecimiento económico, la equidad y el bienestar de toda nuestra ciudadanía son evidentes. En definitiva, se han sentado las bases pero queda mucho por hacer. No dejemos que los rencores y el cortoplacismo detengan este excelente y esperanzador comienzo.

*Firman también este artículo: Armando Alberola (UA), Joan del Alcázar (UV), Josep Bernabeu (UA), Concha Bru (UA), José Manuel Calabuig (UPV), Pere Miquel Campos, periodista y escritor; Mar Esquembre (UA), Antonio Escudero (UA), Dolores Fernández (UA), Antonia Ferrer (UPV), Carlos Gómez Gil (UA), Jorge Hurtado (UA), Ignacio Jiménez Raneda (UA), Emilio La Parra (UA), Ainhoa Lasa (UA), José Ramón Navarro Vera (UA), Ana I. Marrades (UA), Joaquín Martín Cubas (UV), Carme Montalbá (UV); Gustau Muñoz (UV), José María Perea, periodista; Paloma Taltavull (UA), Josep-Antoni Ybarra (UA).

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