Despolitizar la sanidad puede ser una frase efectista en estos días, pero no tiene sentido. Aún peor, es la idea usada por quienes quieren poner la sanidad al servicio del mercado, que parece una entidad al margen de la política. Apostar o no por un sistema sanitario capaz de enfrentar los problemas de salud con equidad y accesibilidad es un tema de gran calado político y en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de elegir entre dos claras visiones del modelo sanitario, tanto en la Comunitat Valenciana como en España.

Los partidos que estos días explican sus opciones son claros en cuanto a sus propuestas sanitarias más allá de los lugares comunes o las frases obligadas. Los partidos del espectro de la derecha apuestan por que sea la sanidad privada la que a través de fondos públicos sea protagonista de las acciones. Su estrategia es destinar grandes cantidades de dinero a grupos que no obtienen beneficios por políticas de prevención sino porque la sanidad pública tenga problemas. Y ya sabemos que la sanidad pública tiene problemas cuando se abandona y recorta y cuando los fondos van a los que se benefician de su debilidad. Este modelo es antiguo, y ya sabemos que sus resultados son desigualdad en salud y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema estrechando cada vez más su accesibilidad.

La sanidad pública española, y también la valenciana, están muy bien valoradas por una ciudadanía que ve en ellas calidad a la hora de resolver sus problemas concretos; profesionalidad, cuando no abnegación, en sus profesionales y herramientas de cohesión social y de corrección de las desigualdades sociales. Son un orgullo para todos nosotros y nosotras.

Desde la izquierda política tenemos el ejemplo del actual gobierno del Botànic de la Comunitat Valenciana, que apostó por la sanidad pública valenciana y por la salud como derecho. De este modo hoy disfrutamos de una Ley de Cuidados al Final de la Vida, o de medidas de cuidado de enfermedades crónicas en la escuela y en zonas remotas, pioneras en España. Somos la primera comunidad autónoma con un plan integral para la prevención del suicidio, y en nuestras unidades de cuidados intensivos la vida es un poco más fácil gracias al impulso de humanización puesto en marcha. Se hizo un enorme esfuerzo presupuestario para dignificar las infraestructuras sanitarias y resolver la obsolescencia tecnológica. También se aprobó, por unanimidad, conjuntamente con los sindicatos, la mayor oferta pública de empleo para disponer de empleos de calidad y estables, además de poner en marcha el primer plan de igualdad. Y por supuesto se apostó por políticas desprivatizadoras como la emblemática, y pionera, reversión del departamento de salud de la Ribera. Y es que sólo un gobierno de progreso es capaz de apostar por la sanidad pública.

Es necesario profundizar en la transformación y la mejora de la sanidad pública, en poner en marcha un modelo revisado de atención primaria más resolutivo y poderoso, en dotar de recursos y de formación a los equipos sanitarios para evitar las demoras, y también en cuidar a los profesionales que nos cuidan. Sólo en las propuestas progresistas se ve con claridad esta apuesta por seguir trabajando en la mejora de un modelo sanitario que es una de nuestras más preciosas propiedades. Porque el sistema de salud público es nuestro. No es sólo algo que usamos cuando estamos enfermos, sino que es una herramienta de vigilancia de peligros y de prevención de problemas colectivos e individuales. Es una herramienta compleja que requiere de propuestas que la hagan mejor; no más débil y más precaria. Es la mejor inversión que ha hecho nuestra sociedad en democracia. Sin duda, el gran volumen de dinero que mueve el sector, es un poderoso atractivo para que las fuerzas no políticas del mercado nos intenten convencer de que la política es mala para la salud, pero es gracias a políticas sanitarias públicas, decididas y valientes, como se independizan salud y negocios. Porque es nuestra salud, y son sus negocios.