Hace cuatro años, en los meses inmediatos a la campaña electoral, desde Novaterra presentamos a todos los partidos que nos quisieron escuchar, un Manifiesto contra la exclusión social por el empleo. Los resultados tras este periodo, respecto a lo que entonces proponíamos, tienen luces y también algunas sombras. Sería simple, y erróneo, atribuir todos los males padecidos o bienes disfrutados a la gestión de un gobierno puesto que, cuando votamos, elegimos a dirigentes políticos que gestionarán las Administraciones Públicas, pero no votamos a los más grandes gestores del Mercado, de la economía transnacional, o de los poderes económicos de nuestro territorio.
Así que solo hablo de los logros atribuibles a aquellos a quienes votamos y que nos han gobernado desde las últimas elecciones. Es de justicia reconocer que han hecho esfuerzos que han mejorado situaciones de personas que aquellos otros poderes dejaron en la cuneta por la crisis, la última de ellas… por ahora. Pero, sin pretender aburrirles con datos que todos conocemos, tan elocuentes, acerca de las muchas personas que siguen estando fuera del cuerpo social que llamamos normalizado, en la cuneta, personas a las que aún no ha llegado la recuperación del supuesto final de la crisis y que, incluso, muchas de ellas nunca llegaron a salir de ella, es evidente que hay que decir que su situación sigue siendo dramática y, lo que es peor, esta cronificándose.
Y lo realmente singular es que se está viviendo con resignación, con una aceptación ante lo fatalmente irremediable, que a menudo nos hace pensar que padecemos una anestesia social que inmoviliza y adormece. No sería justo no reconocer importantes medidas puestas en pie por el Gobierno del Tripartito.
Pero, desde Novaterra, como actor comprometido con la inclusión social de personas a través del empleo, conjugamos la acción persona a persona, con la preocupación por una persistente e insoportable fractura social que sigue poniendo en riesgo la democracia porque consolida la desigualdad. Y ante ese reto, que a todos nos avergüenza hacemos denuncia y propuesta. No podemos admitir resignadamente que uno de cada cuatro valencianos siga viviendo con ingresos anuales por debajo de los 8.522 euros por persona que es el nivel bajo el que cualquier persona está en riesgo de pobreza. Y es inadmisible que veamos con naturalidad el hecho de que la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, sitúe a la población valenciana en más de un 30 %, con más de 4 puntos por encima de la media española. El hecho de que hoy se puede tener trabajo y ser pobre, es algo insoportable.
Entendemos que la gravedad de la situación exige:
Que la nueva Administración Valenciana que salga de las urnas, se proponga elaborar un Plan Autonómico contra la Exclusión Social
Que la Administración Valenciana intensifique la aplicación de Cláusulas Sociales, la reserva de mercado y las condiciones de ejecución, a fin de hacer política social con la contratación pública.
Que el Gobierno Valenciano establezca un plan articulado entre la Administración Pública y entidades de iniciativa social para la inclusión mediante el empleo.
Que ese Plan prevea la colaboración público-social con acciones y programas plurianuales realizados en centros colaboradores estables.
Que el nuevo Gobierno Valenciano, desde la actual Ley de Empresas de inserción, desarrolle, en colaboración con el sector social, una Ley de Empresas Sociales.
Que el nuevo Gobierno Valenciano se proponga desarrollar el Emprendimiento Social favoreciendo la generación de un real ecosistema de empresas sociales.
Que el Gobierno Valenciano tome medidas contra la transmisión generacional de la pobreza, potencie el transporte público que permita el acceso a los lugares de empleo y formación y facilite el acceso a espacios estables de comunicación fluida con las empresas.
Hay que señalar, dado que nos encontramos en un ciclo de elecciones que se cerrarán el próximo 26 de mayo, que lo enunciado anteriormente se ha de traducir en determinas políticas, estrategias y acciones a llevar a término, también, desde el Gobierno Central e incluso que afectan a las políticas sociales de la Unión Europea. Somos conscientes del poder del Mercado y de la Banca, y de que en las elecciones no es a ellos a quienes validamos o castigamos con nuestro voto, pero es cierto que el Estado, las Administraciones Públicas, y los políticos que elijamos, pueden favorecer la redistribución de la riqueza, por lo que deberemos aplicarnos a entregar nuestro voto a quien se comprometa a ello con más energía y empeño.
Nos jugamos mucho.
