03 de mayo de 2019
03.05.2019

Carta Magna de la Discapacidad

03.05.2019 | 20:53
Carta Magna de la Discapacidad

El pasado 3 de mayo celebramos por primera vez el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una fecha que fue aprobada en el mes de febrero por Consejo de Ministros, a instancias del Cermi Estatal. Se trata de un acto con la que se persigue conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento internacional, el cual ha supuesto un profundo cambio a la hora de abordar la discapacidad.

Muchos autores hemos calificado a la Convención como una auténtica «Carta Magna de la Discapacidad», configurándose en un texto jurídico indispensable para entender el rápido proceso de evolución que ha experimentado esta materia. Estamos ante una norma que, a tenor de lo preceptuado en la Constitución, se ha incorporado y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero no sólo eso, sino que además influye a la hora de entender los derechos fundamentales en el ámbito de la discapacidad en España, por cuanto deben interpretarse de conformidad a sus preceptos.

Esta Convención ha traído importantes consecuencias para las personas con diversidad funcional, entre las que podemos destacar el esfuerzo por dar visibilidad a este grupo de ciudadanos dentro del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. De ese modo, se han asentado en la conciencia colectiva de todos nosotros cuestiones como igualdad, inclusión, ajustes razonables o la obligación de situar al Estado como garante en el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos.

Su puesta en marcha ha permitido alcanzar importantes hitos que el sector tenía marcados en su agenda, entre ellos y muy destacado, el derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, que como ciudadanos de primera, pudieron ejercerlo en las pasadas elecciones.

A partir de ahí, creo que otro de los grandes retos a conseguir es la promoción más efectivo del artículo 27 de la Convención, que hace referencia al derecho al trabajo. Así las cosas, resulta imprescindible reducir esas cifras que nos recuerdan que sólo una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja, por cuanto para muchos de ellos el empleo no sólo es una forma de conseguir una remuneración económica, sino que se convierte en una pieza esencial en su proceso de recuperación terapéutico y para su inclusión social y personal, principalmente aquellos que tienen una discapacidad de especial vulnerabilidad. En definitiva, sigamos trabajando por todas estas personas, sabiendo que con la Convención tenemos un aliado fundamental en sus legítimas reivindicaciones.

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