La falta de plazas para personas dependientes en residencias y centros de día (I). Un problema sin respuesta, de momento.

Los que profesionalmente nos dedicamos a la gestión de este tipo de recursos ya hemos venido advirtiendo a los responsables políticos del problema, conscientes de que los procesos que siguen las políticas públicas desde que se inician hasta que pueden dar respuesta a los problemas son lentos y sinuosos y aquejados de alto grado de incertidumbre. Cada día que pasa el problema se agrava y la respuesta es más difícil y compleja.

La respuesta social al problema es la que a la vez lo enmascara y dificulta su solución. Me refiero a que la atención a las personas mayores dependientes descansa en gran medida en el entorno familiar. Son las familias las que con grandes dificultades dan una respuesta al mismo, pero hasta que llegan a un punto que el problema supera y deviene en un auténtico suplicio. Esto ocurre cuando nuestros mayores no pueden permanecer en casa, ni aún con ayuda de personas externas, quien pueda pagarlas. Entonces empieza el calvario. ¿Dónde puedo encontrar una plaza de residencia para mi padre o madre? Es una pregunta recurrente que cada día nos formulan sin que de momento podamos dar una respuesta clara. Si tienes recursos económicos puedes buscar una plaza privada, especialmente en las grandes ciudades. Los que no tienen poder adquisitivo para pagar una plaza privada lo tienen todavía más difícil. En el ámbito rural el problema persiste para todos sin diferenciar poder adquisitivo, no hay plazas disponibles.

¿Qué ha pasado estos años para que nos encontremos así? Algo muy simple: la demanda ha crecido exponencialmente, dado que la longevidad se ha incrementado, y los recursos disponibles, es decir, las plazas tanto en residencias públicas como privadas han permanecido invariables. Los datos son demoledores. Según un estudio del CSIC en el mes de diciembre de 2015 en la Comunitat el número total de plazas, públicas y privadas, en centros residenciales era de 26.603. En julio de 2017, últimos datos disponibles según el referido estudio el número total de plazas ascendía a 26.599. Prácticamente las mismas, incluso con una ligera pérdida. Por tanto la ratio de plazas por cada 100 personas mayores de 65 años era de 2,91 plazas en el año 2015 y de 2,90 en el 2017. Esta ratio de plazas es sensiblemente inferior a la media de España que ascendía a 4,10 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Por otra parte, si fijamos nuestra atención en las personas que tienen más de 80 años, que son las principales usuarias del servicio residencial, dado que en la mayor parte de ocasiones su permanencia en el hogar es cada vez más difícil, a pesar del esfuerzo de las familias, la situación se hace aún más complicada.

Un reciente estudio de la consultora Gerokon hace una estimación del número de plazas existentes en cada territorio por cada 100 personas mayores de 80 años situando la media de España en 12,75 plazas, y a la Comunitat en 9,44, solo por delante de Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla y Galicia.

Esto de entrada debería suponer que las Administraciones públicas valencianas tendrían que haber fijado como objetivo prioritario el incremento del número de plazas y su ubicación espacial, para poder atender el claro problema que ya era evidente y de urgente solución, en 2015, como consecuencia de la inacción de anteriores administraciones. Pero eso no ha ocurrido, y el problema sigue agudizándose.

En su descargo se podría decir que la Administración valenciana ha hecho un esfuerzo por hacer frente a otro problema latente en el año 2015, que era el retraso, cuando no dejación de responsabilidad, a la hora de facilitar el acceso a las prestaciones que establecía la Ley de Dependencia. Y aquí habría que decir que el esfuerzo realizado ha dado sus frutos aunque el resultado sea agridulce. Pues si bien es cierto que se ha incrementado exponencialmente el número de personas beneficiarias con derecho a prestación, pasando de 52.044 a mediados de 2015 a 76.043 a principios de 2019, lo cierto es que nuestra Comunitat permanece en el furgón de cola del conjunto de comunidades autónomas en lo que se refiere al número de resoluciones en relación con la población de la Comunitat, con un 2,09 % solo por delante de Canarias con el 1,70 %, según datos del Imserso.

Así mismo se ha hecho un esfuerzo por incrementar el nivel de financiación pública para hacer posible que, mediante copago, las familias tuviesen una respuesta a sus necesidades. Cuando hablo de financiación pública me refiero a las plazas en centros de titularidad pública, plazas concertadas con centros de titularidad y gestión privada (modelo Cotino y de iniciativa social) y prestaciones económicas que se conceden a personas dependientes para que paguen su plaza en los centros privados. En este sentido hay que señalar que la Comunitat tiene una cobertura de 8,51 plazas con financiación pública por cada 100 personas mayores de 80 años mientras que la media de España se sitúa en 9,76. Por tanto a pesar del esfuerzo todavía continuamos por debajo de la media.

La acción política en este campo de la Administración valenciana ha estado centrada en la definición de un nuevo modelo residencial, intentando acabar con las diferencias entre la forma de provisión y en su caso con las consecuencias de la situación judicial planteada por el llamado modelo Cotino, de accesibilidad social, perfilando a grandes rasgos lo deseable, me refiero al modelo de calidez y calidad invocado por la vicepresidenta Oltra, y por supuesto la consolidación de un marco estable a través de una nueva ley que marca las líneas básicas de ese nuevo modelo.

Eso sí, de momento sin ningún atisbo de solución al problema central: el incremento exponencial de la demanda y el estancamiento de la oferta de plazas para poderla atender, sean públicas o privadas.