No hace tanto tiempo, una crisis de confianza hacia el sistema político invadía plazas y recorría las calles bajo la idea del «No nos representan». Una implosión social que, en forma de indignación, ponía seriamente en cuestión los principios legitimadores de nuestra democracia, generándose la suficiente distancia entre las élites políticas y la ciudadanía como para abrir en canal al sistema de partidos. Unos años después, en las elecciones de 2015, el electorado hacía quebrar el bipartidismo que, con ciertos matices, hasta ese momento había caracterizado nuestro sistema electoral. Se inauguraba una nueva vida parlamentaria mucho más plural.
Puede entenderse que esa mayor pluralidad política es más representativa en relación a las preferencias del electorado. Lo que por otro lado, y ante la imposibilidad de gobiernos monocolor, hace que aumente el nivel de pulcritud con la que los representantes deben gestionar la voluntad emanada de las urnas.
En 1998 Giovanni Sartori pronunciaba en el Congreso de los Diputados una conferencia con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Constitución española titulada: En defensa de la representación política. En ella, defendía el sistema representativo sin posibilidad de mandato imperativo alguno y frente a fórmulas de democracia directa, señalando que «la representación es incuestionable y ha de configurarse normativamente, ha de encontrar un equilibrio delicado entre receptividad y responsabilidad, entre rendición de cuentas y comportamiento responsable, entre gobierno de y gobierno sobre los ciudadanos».
Exigir a los legítimos representantes una interpretación responsable y coherente con el resultado electoral del 28-A, es una cuestión fundamental para el sostén de la credibilidad de nuestro sistema parlamentario y por lo tanto de la democracia; sobre todo, para evitar que se creen distancias entre la política y la ciudadanía como la que se creó en 2011. Por ejemplo, sería inaceptable que en el Congreso de los Diputados se viviera una situación de bloqueo institucional al PSOE que dificultara la gobernabilidad; como también, habrá que exigirle al futuro gobierno socialista capacidad de diálogo y de generación de consensos. La responsabilidad ha de ser bidireccional y deberá ejercerse tanto en el gobierno como en la oposición.
En el mes de enero los partidos de derechas llegaban a un acuerdo con Vox para gobernar Andalucía con el que le allanaron el camino para que, posteriormente, haya podido entrar por la puerta grande en las instituciones. El lunes 29 de abril, y tras sufrir el PP una derrota apabullante, Pablo Casado utilizaba el término ultraderecha para referirse a Vox y hablaba de girar al centro político. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla y la moderación que se le debe exigir al PP va mucho más allá de las palabras o de un eslogan: deberá demostrar que efectivamente está en el centro haciendo política en las instituciones desde la moderación, es decir, desde el responsable ejercicio del mandato representativo. La cuestión es si PP y Cs van a actuar parlamentariamente como un bloque junto con Vox o, por el contrario, moderan el discurso y las formas evitando que el populismo se adueñe de las instituciones haciendo caer el crédito de nuestra democracia.
Conviene recordar que, de momento, ha sido la ciudadanía quien le ha puesto un cordón sanitario a la ultraderecha a través del voto. Todo un ejemplo de madurez democrática. Ahora son los partidos del centro derecha los que se lo tienen que poner en el Parlamento.
