07 de mayo de 2019
07.05.2019

La falta de plazas para personas dependientes en residencias (II) Las alternativas para solucionar el problema

07.05.2019 | 20:13
La falta de plazas para personas dependientes en residencias (II) Las alternativas para solucionar el problema

Ante el problema, reflejado en el anterior artículo, la falta de plazas residenciales para personas mayores dependientes, las distintas formaciones políticas que puedan ejercer el Gobierno en los próximos años, deberían tener una respuesta clara, inmediata y realista. Cada día que pasa sin abordar el problema, este se agrava. Hasta ahora, por parte del actual gobierno valenciano el enunciado está claro y las líneas para su solución, aunque un tanto difusas aparecen reflejadas en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, recientemente aprobada. Esta camina hacia la consolidación del modelo mixto de generación de nuevas plazas, aunque con primacía de la iniciativa pública y de la social frente a la colaboración público-privada.

Esta forma de afrontar el problema ha sido abandonada en la mayor parte de países de nuestro entorno, siendo quizás más propia de otras épocas y contextos político-económicos y consiste en la planificación, la iniciativa de creación de nuevas plazas, mediante colaboración entre la Administración autonómica y la local (en las que estas ceden suelo), y la gestión del servicio fundamentalmente en la Consellería de Igualdad, mediante gestión directa que, como la propia Ley indica, es la preferente en cuanto a formas de provisión del servicio.

Se mantiene la relación con las entidades de iniciativa social mediante el llamado concierto social, que garantiza a estas entidades una estabilidad económica en la gestión de las plazas que pongan a disposición de la Administración. Marco en el que deberían moverse a la hora de que estas entidades planteen inversiones para nuevos centros. Pero dado que el acuerdo social es sólo de 6 años como máximo, las entidades de iniciativa social se ven imposibilitadas de acometer inversiones, en el dudoso caso de que contasen con capacidad económica para llevarlas a cabo. La colaboración entre la Administración y las empresas privadas para acometer nuevas inversiones se reduce a la concertación de plazas en los centros existentes y en los que se puedan promover en el futuro por parte de las empresas. Aunque según los precedentes en la materia la concertación estará limitada a un porcentaje reducido e incierto, del total de plazas generadas.

Este planteamiento ha sido expuesto con claridad por la Vicepresidenta del gobierno valenciano, cuya apuesta por la provisión del servicio consiste en la gestión directa por la Administración, la iniciativa social, es decir los centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro, y, en último término, y solo con carácter subsidiario, la colaboración público privada, es decir las plazas concertadas con entidades mercantiles.

De entrada este planteamiento supone un desconocimiento preocupante de la propia realidad. En la actualidad según recoge el estudio presentado por Gerokon, sobre datos de la propia Generalitat, la oferta de plazas residenciales, a día de hoy es la siguiente: total de plazas 26.599, de las cuales 21.370 son privadas, y de estas solo 2.400 son plazas gestionadas por la iniciativa social. Únicamente 5.229 son públicas, y de estas 2.560 son plazas públicas de gestión indirecta, es decir gestionadas por empresas privadas. Como se ve, en la actualidad el grueso de la oferta y gestión, de plazas residenciales es privada, llevada a cabo por empresas especializadas. Esa es la realidad. Por tanto, despreciar de la manera que se hace la aportación de las empresas privadas a la hora de hacer frente al problema es cuanto menos irresponsable, teniendo en cuenta la disponibilidad financiera de la Administración para este menester, la demanda y los tiempos de la inversión.

El marco que dibuja la Ley aprobada por el Consell tiene enormes limitaciones desde el punto de vista económico y de la gestión eficaz de políticas públicas. De un lado, si situamos como escenario plausible que al final de la próxima legislatura deberíamos disponer, como mínimo, de 4.000 nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes, necesitaríamos construir 40 nuevas residencias con una capacidad de 100 plazas. ¿Es factible ese objetivo ? Para responder a esta pregunta, hay que analizar el esfuerzo inversor y la capacidad de gestión necesaria para generar esta oferta en condiciones de calidad adecuadas.

Desde el punto de vista económico estamos hablando de la necesidad de invertir 280 millones de euros en los próximos cuatro años. Teniendo en cuenta que el capítulo VI de inversiones de la Consellería en este ámbito ha sido de 25 millones en los pasados 4 años, habría que multiplicar por más de 10 los recursos asignados en este capítulo de inversiones para que eso fuese posible. Lo cual parece poco probable si tenemos en cuenta que la mayor parte de centros públicos tienen más de 25 años y requieren de fuertes inversiones recurrentes para su mantenimiento. Sin olvidar la limitación presupuestaria y el déficit, fruto de la infrafinanciación y la mala gestión a lo largo de las anteriores legislaturas. Desde el punto de vista de la gestión, es dudoso pensar en la capacidad de la Administración para responder a un incremento tan significativo de recursos y capacidad de gestión solvente. A todo lo anterior hay que unir el laberinto jurídico diseñado, en la Ley, que establece que: se generará un Plan, para el cual se da un plazo de 18 meses, a continuación se tiene que proceder a la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos para posteriormente licitar la obra y ejecutarla. Y acto seguido dotarlas de personal funcionario en la línea de lo planteado por la Consellería.

Como se puede apreciar, la factibilidad de la iniciativa es poco realista, por no decir de imposible cumplimiento, y los resultados muy alejados de la necesidad de responder a un déficit considerable de oferta, una demanda creciente y una adecuada calidad del servicio. ¿Qué es lo que habría que hacer para abordar el reto? A mi modo de ver la solución más factible y realista sería conciliar todos los intereses en presencia mediante una verdadera acción concertada con todos los actores, públicos y privados, para desarrollar un Plan que tendría dos ejes fundamentales:

1) Allí donde el mercado no acude, es decir en zonas con baja densidad de población, mayormente envejecida, volcar la inversión pública, alrededor de 40 millones de euros, para construir, previa cesión del suelo por los Ayuntamientos, 10 residencias públicas, con gestión directa o indirecta, para hacer frente al reto de atender a las personas mayores. Esta acción contribuiría de manera clara a fijar población en el territorio al generar alrededor de 500 puestos de trabajo, de personas jóvenes que se quedan a residir en estos pueblos con lo que ello conlleva (Colegios para los niños, comercio, transporte)

2) En áreas urbanas, donde la inversión privada puede estar interesada, por la posibilidad de retorno de la inversión a largo plazo, un sistema de colaboración público-privada capaz de generar 3.500 nuevas plazas, que se irían incorporando progresivamente al sistema mediante la concertación de plazas en función de las disponibilidades presupuestarias de gasto corriente, en un periodo de 4 años.

Con ello esta Comunitat comenzaría a acercarse a la ratio media de España y así ofrecer una prestación, la residencial, que aunque sea la última opción después de que nuestros mayores permanezcan la mayor parte de sus vidas en el entorno más cercano, es una prestación que en el futuro inmediato comienza a ser una necesidad perentoria para miles de familias valencianas que asisten con desesperación en ocasiones a la falta de plazas para poder atender a sus mayores.

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