Mañana entra en vigor una reforma legal que obliga a las empresas a registrar la horas de trabajo efectivas que desarrollan sus trabajadores. Sí, hablamos del 12 de mayo del 2019, en pleno siglo XXI en un país del llamado mundo occidental, avanzado y valedor de los derechos individuales. Pues aún así, en este país sigue existiento un problema de descontrol en las jornadas laborales. De hecho, la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor número de horas extras en toda España y prácticamente un tercio de ellas no se paga. Ese hecho supone al final un fraude a la Seguridad Social y al conjunto del erario público al no tributar tampoco fiscalmente.
Estamos cansados de oir testimonios, directamente vinculados a la precariedad laboral, de trabajadores contratados por media jornada que en realidad trabajan jornada completa o más allá. O de muchas otras casuísticas en numerosos sectores de nuestra economía. Ese mismo sistema que registra, según algunos estudios, hasta un 25 % de economía sumergida, una de las principales lacras del país.
Con todo, de momento la Administración no procederá a sancionar los infractores, evidencia de que el ánimo de la norma no es estrictamente recaudatorio -como algunos han insinuado- sino de forzar a las empresas a generar más empleo de calidad y estable. Y que ello repercuta en el bienestar de los trabajadores en un momento en el que todos los expertos y visionarios del futuro que se nos viene encima advierten que el desarrollo irá directamente vinculado al ocio.
Ahora bien, si los trabajadores y sus familias -es decir, eso que venimos en llamar ciudadanía- no disponen ni de tiempo ni de medios para disfrutar de ese ocio, la cadena amenaza con romperse y, con ella, ese progreso que nos auguran por activa y por pasiva.
