La política local actúa como un primer nivel entre la ciudadanía y el gobierno, un espacio en el que la proximidad de sus límites permite cierta conexión y complicidad entre ellos como no es posible que se dé en cualquier otro ámbito político. El municipio es, entre otras cosas, ese lugar en el que los vecinos y vecinas pueden sentir la política como algo suyo, cercano; en el que pueden ver, tocar y hablar directamente con aquellas personas a las que han votado. Me atrevería a decir que en tiempos en los que la desafección se pudo instalar en la sociedad, en muchos casos, fueron los municipios los que contribuyeron a través de esa cercanía a mantener la credibilidad y el prestigio de la vida pública, implementando políticas que intentaban paliar los efectos de los recortes en los momentos más duros de la crisis económica.

Sabemos que la autonomía local es un bien preciado que caracteriza a nuestra democracia. Reconocida constitucionalmente y garantizada por nuestra ratificación en el año 1988 de la Carta Europea de Autonomía Local, a día de hoy, parece indiscutible la necesidad de caminar hacia una mayor profundización del principio de subsidiariedad. El municipalismo es clave para la implementación de numerosas políticas públicas permitiendo, además, la posibilidad de experimentar hacia una dimensión más participativa de la democracia, como por ejemplo, a través de los presupuestos participativos o de las consultas ciudadanas. Desde el diseño, desarrollo y planificación urbanística de nuestras ciudades hasta las políticas sociales pasando por el deporte, políticas de juventud o igualdad, la mirada política y social con la que un gobierno municipal gestiona los asuntos públicos es vital.

En breve iremos a votar para elegir a los futuros ayuntamientos con la resaca de las pasadas elecciones autonómicas y generales, y de la misma forma que éstas fueron trascendentales para el futuro de la política y de la democracia, las actuales municipales también lo son. La ausencia de negativa por parte del PP a pactar con la extrema derecha las próximas corporaciones locales, hace poco creíble el supuesto retorno a la moderación del que empezaron a hablar después la debacle electoral de hace unas semanas. Una contradicción más importante de lo que puede parecer.

Porque no es lo mismo hacer una política urbanística para beneficiar a ciertos movimientos especulativos que hacerla de una forma sostenible y pensando en las personas, o los gobiernos que apuestan por la creación de escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años, o si se invierte más o menos en servicios sociales y en el desarrollo de políticas para fomentar la igualdad; porque, no es lo mismo poner el puerto de València a disposición de la llegada del Aquarius que gobernar con un partido que atiende a ciertas lógicas xenófobas.

En el actual contexto de bloques ideológicos, y reiterando la ausencia de renuncia por parte del PP a pactar con la extrema derecha en los ayuntamientos, el dilema es entre una coalición de gobierno condicionada por un partido como Vox o las coaliciones de progreso como las surgidas tras las elecciones de 2015.

Es muy importante, poder dar continuidad a través de los ayuntamientos a todas aquellas políticas transformadoras que se están llevando a cabo desde el gobierno autonómico. Por ejemplo, la aplicación de la renta valenciana de inclusión, el desarrollo de la ley servicios sociales y numerosas políticas de igualdad, tienen su primera puerta de entrada en el nivel municipal. Lo que nos jugamos el 26 de mayo es la garantía de una aplicación efectiva en el ámbito local de las políticas surgidas del Pacto del Botànic.