Hace unos días conocíamos el estudio encargado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, donde se analiza el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia machista en verbalizar su situación. Estamos ante un trabajo de investigación que viene a confirmar muchas de las cuestiones que subyacen en este tipo de violencia, aunque algunas de sus conclusiones pueden sorprendernos, al confrontarse con determinados estereotipos socialmente establecidos, como es el hecho de que sean las mujeres con estudios más elevados las que tardan más en denunciar.

Leyendo ese informe, lo primero que podemos destacar es que las participantes en dicha investigación han tardado una medida de 8 años y 8 meses en verbalizar y denunciar la violencia que están sufriendo, un dato alarmante y que demuestra la complejidad de este fenómeno. Como sabemos, la violencia de género se manifiesta a través del denominado ciclo de la violencia, de mayor o menor intensidad, el cual va incrementándose en función de la permeabilidad de la víctima y su paulatina aceptación de la situación. Por ello, la mujer generalmente busca una excusa para el maltrato sufrido, entrando en un proceso de indefensión aprendida, del que resulta muy complicado salir.

Este trabajo vuelve a subrayar que no hay un perfil definido en materia de violencia de género. Así, como se introdujo a través de la famosa Declaración de Beijing de 1995, la violencia contra la mujer está sustentada en una realidad anterior y en una desigualdad estructural latente. Es decir, estamos ante un problema de nuestra sociedad, un problema estructural y de cómo entendemos las relaciones hombre/mujer, el cual que no atiende a clases sociales o razas, aunque existan factores psicológicos, económicos, familiares o sociales que pueden retrasar o impedir que la mujer verbalice la situación que está viviendo.

Nos encontramos ante datos incontestables, que de nuevo nos llaman a realizar una profunda reflexión de la sociedad que estamos construyendo, especialmente sobre aquellos sectores que cuestionan sistemáticamente las políticas de género y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, empleando para ello argumentos generalistas, vaguedades y muchas dosis de desinformación. Cuando analizamos este tema, y como señalan las propias conclusiones de la investigación, nos damos cuenta que las medidas penales son la última respuesta del Estado, pero quizás la menos eficaz de todas ellas, por cuanto sólo desde la información, la educación, el empoderamiento de la mujer y la concienciación, es como se podrá terminar con una vulneración de los derechos de la mujer que tiene dimensiones de pandemia global, como denuncia las Naciones Unidas.