Una de las escasas ventajas sociales de desconocer el contenido de Juego de Tronos ha sido poder seguir en Netflix la segunda temporada de O Mecanismo (traducida en España por Túnel de corrupción). A lo largo de ambas temporadas, el cineasta brasileño José Padilha, relata un thriller basado en la historia reciente de Brasil durante la Presidencia de Dilma Rouseff, sucesora y del mismo partido que Lula da Silva, ahora en la cárcel y su destitución, y posterior sucesión por su vicepresidente de Michel Temer. En medio de la corrupción descrita, aparece un argumento presupuestario, un mecanismo usado en el Congreso por la muy corrupta oposición para iniciar la revocación de la dudosa Presidenta Rouseff.
Con la intriga y expectación propia del espectador que ha leído en las páginas de los periódicos parte de una realidad desmoralizadora, saltó, a modo de Magdalena de Proust, una expresión brasileira que es todo un logro lingüístico: «Las pedaladas fiscales». Un término usado por los medios para describir una maniobra contable del gobierno que presuntamente servía para dar la impresión de que el ejecutivo recaudaba más de lo que gastaba, cuando la realidad era la contraria.
A cambio de no se sabe muy bien qué favores, el gobierno de Dilma no devolvía sus deudas a los bancos, tanto públicos como privados, con el argumento de que financiaban programas sociales como el famoso Bolsa de Familia. Este dato financiero no se ocultaba, pero poco importaba al votante de las favelas (al ciudadano catalán o valenciano, no se le oculta el FLA pero ciertamente no le preocupa demasiado si al final todo funciona, bien sea para organizar un referéndum independentista o para resucitar una televisión autonómica con 500 empleos). El Tribunal de Cuentas de Brasil consideró esa operación como un préstamo no pagado por el gobierno a los bancos, cosa que atentaba contra la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aunque este Tribunal no tuviera poderes para condenar a la jefe del Ejecutivo, esta decisión sirvió para que el Congreso Nacional, nada virtuoso en términos de corrupción, tomara la decisión de abrir el procedimiento de impeachment.
Sin ánimo de practicar spoiler alguno, ya que es historia reciente, la serie abarca desde el esquema de corrupción de la estatal Petrobras, hasta los inicios del episodio brasileño de la constructora Odebrecht. Más allá del periodo de las dos temporadas: desde Enero, tras las elecciones ocupa la presidencia Jail Bolsonaro, una figura que pone los pelos de punta y del que se empieza a hablar como generador de un autogolpe de estado, mientras que su antecesor Temer ya ha pasado por la cárcel. Sobre el mérito artístico y narrativo de la serie hay críticos preparados para ello, aunque la recomiendo sinceramente.
Si atravesamos el Atlántico hasta València, adelantando que afortunadamente la corrupción brasileña parece ser de otro orden de magnitud que la doméstica, aunque esta tierra haya inspirado películas tan contundentes como El Reino y, lo más importante que la Generalitat Valenciana (GV) está consiguiendo, con la ayuda de todos, recuperar un cierto nivel reputacional, hay que señalar la posible versión de «las pedaladas fiscales» valencianas. Hace cinco años, todo aquel que sintiera algún tipo de preocupación por el ritmo de crecimiento de la deuda de la GV se identificó con la propuesta de la que después sería vicepresidenta Mónica Oltra, quien con la camiseta de la ocasión, planteó en Les Corts la necesidad de denunciar jurídicamente al gobierno de Fabra por presentar unos presupuestos manifiestamente inciertos. Aquella propuesta, al menos para el abajo firmante, se archivó mentalmente, tras escuchar a personas con capacidad jurídica demostrada, comprendiendo que en un presupuesto, por muchos millones que en él figuren, no puede haber dolo alguno (solo ineficiencia e insolvencia) ya que solo son unas previsiones, se supone que hechas de buena fe. Sobre planes y previsiones a nada se puede juzgar. La cuestión sólo puede tomar forma de denuncia si una vez ejecutados aquellos presupuestos se llegara a la conclusión que las previsiones se hicieron de forma torticera con algún interés personal o político. En el caso de la GV a nadie se le oculta que hemos vivido falsedades en forma de ingeniería financiera para decir que se cumplían determinados compromisos de control del déficit frente a la Comisión Europea y al gobierno del Reino de España, cuyos técnicos estaban al cabo de la calle sobre el engaño. Una forma de mentira de difícil digestión para quien ve crecer, año tras año, la deuda de la institución que vela por su sanidad, su educación y su política social. Las buenas intenciones del Consell son muy parecidas a las «pedaladas fiscales» que tan caras le salieron al Brasil.
Desde los tiempos de Fabra, la GV ha vivido con ingresos y por tanto presupuestos falaces; mentiras más alambicadas en tiempo del PP y simplonas, autoinculpatorias y supuestamente reivindicativas por parte del Consell de Puig y Oltra. La política en España debe dejar de pasar por los juzgados y citar lo ocurrido en Brasil es pura medicina preventiva. Si en su discurso de inicio de legislatura, además de hacer sitio en el Consell para más gente, el President Puig sigue sin encarar la realidad de que no está en condiciones de afrontar todas y cada una de las transferencia que ha recibido la GV del Estado y va a seguir los consejos de sus economistas consistentes en incrementar la deuda hasta no se sabe dónde, va a poner en un grave dilema moral a aquellos que, desde una postura progresista, piensan que ha sobrepasado el número de «pedaladas fiscales»
La reforma de la financiación autonómica es una de las cuentas políticas en números rojos que trasladaron a un futuro indeterminado los Gobiernos de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez sabiendo que hay una solución aceptable. Durante más de cinco años nada se ha avanzado, salvo la litúrgica redacción de recomendaciones generales de expertos y representantes autonómicos. Mientras las Autonomías más beneficiadas por el actual modelo sigan con el argumento de «negociemos, pero siempre que reciba al menos tanto como ahora» la cosa no tiene solución.
Los servicios públicos se degradan, las facturas en los cajones aparecen de nuevo. Se afianza la desigualdad entre territorios, se recortan servicios, se demoran prestaciones y sólo se recurre a elevar la deuda.
