«Llàstima de país amb líders mentiders,/amb fanàtics botxins que dominen les trones,/que ignoren els seus savis o els volen fer callar.».

Jaume Pérez-Montaner, 2009

La Comunitat Valenciana tiene pactos pendientes. Que afectan a la Generalitat y al Ayuntamiento del Cap i casal. Joan Ribó, a pesar de todos los maleficios, ha revalidado su liderazgo para gobernar València. El «Espíritu de Morella» sigue activo, reforzado por el «estilo torrentino» marcado por el secretario del PSOE, José Luis Ábalos. Hay varias modalidades para el ejercicio del poder. La gestión de la función pública alcanza su más alta significación cuando defiende los intereses de los ciudadanos y los territorios. Acusa su habitual tentación al prevalecer las conveniencias de partido, camufladas con la razón de Estado.

Todos a una. Peor es la deriva aviesa de la política. De cara a las convocatorias electorales del 28A y 26M de 2019 -generales, autonómicas, municipales y europeas- han ocurrido hechos y transgresiones. Todos contra Ribó. Se decretó la caza y captura de Joan Ribó, alcalde de València, para evitar que repitiera en el Ayuntamiento. La joya de la corona en unos comicios que determinaban el cuaderno de bitácora para los próximos cuatro años. El experimento iniciado en mayo de 2015 concitó animadversión en la caverna. Las zancadillas se han sucedido para cortar el paso a Joan Ribó en beneficio de alternativas próximas o contra natura.

Precipitar. El adelanto de las elecciones autonómicas -del 26 de mayo al 28 de abril- por decisión de Ximo Puig, provocó la primera conmoción. Contrariaba a Compromís en un escenario imprevisto. Quebranto para la líder de la coalición, Mónica Oltra. Fin del idilio institucional. No interesaba seguir el esquema clásico de votar a la vez para los ayuntamientos y a las Corts Valencianes. Se supone que para conseguir la Generalitat, primero se conquista la capital. La secuencia se ha alterado Se confundió a los electores. Agotamiento ante convocatorias dispares. Las autonómicas arrastran a los ciudadanos a votar en un marco de proximidad. Las locales y las europeas son rangos distantes. No hay conexión entre ellos. Consecuencia: ha descendido la participación y se ha tergiversado el voto. ¿Cuáles serían los resultados si se hubiera mantenido la convocatoria autonómica junto con las municipales? Nunca se sabrá.

Zancadillas. Las siguientes zancadillas provinieron de la Autoridad Portuaria de València -que incluye Gandia y Sagunt-. El Consejo de Administración del macropuerto valenciano, aprobó recientemente dos acuerdos insólitos que afectan a los contribuyentes. A la Marina de València, la Autoridad Portuaria le ha denegado la autorización para utilizar instalaciones cubiertas para eventos y conciertos. Esta decisión perjudica a los valencianos y a la oferta turística. ¿Tiene algo que ver la actitud de cautela en el Ayuntamiento ante el acceso Norte al Puerto? Haría bien Aurelio Martínez en comprobar si los componentes empresariales de su Consejo de Administración cumplen los requisitos de incompatibilidades que marca la Ley de Puertos.

Consorcio. El segundo acuerdo del Consejo de Administración es la reclamación al Consorcio València 2007 de más de 28 millones de euros, en concepto -no tributario- de costes de reposición. No se trata de que el Puerto haya financiado algo. Ahora quiere cobrar por cesiones de difícil explicación. El Consorcio está conformado por la Generalitat, el Ayuntamiento y la administración central. El dinero que recauda -vía tasas y tarifas- el Puerto de València, no va al bolsillo de los valencianos ni de sus instituciones. Como depende del ministerio de Fomento, va a Madrid. Al ministerio que preside José Luis Ábalos. Desde allí, se redistribuye con los criterios e intereses del Gobierno de España. Para que el Consorcio València-2007 pueda pagar los 28 millones que le reclama el Consejo de Administración de la APV, el gobierno de Pedro Sánchez -renovado- tendría que liquidar la deuda -350 millones de euros- que tiene el consorcio requerido. Con su dinero -el de todos los valencianos- se podrían pagar las cantidades teóricamente adeudadas. Para que dicha cantidad volviera a las arcas del ministerio de Fomento del Gobierno español. El éxito y los progresos en la gestión de la Marina de València, dirigida por Vicent Llorens -definición, plan de actuación y explotación- han sido protagonizados por el Ayuntamiento, que recogió el Consorcio y la Marina, esquilmados económicamente, carentes de proyecto y desacreditados durante la hegemonía del PP. Ahora que repunta, todo son pegas.

Feriario. Feria València: otra frontera de disensión entre Ayuntamiento y Generalitat. ¿En qué queda la asunción de la deuda, avalada por la Generalitat y aprobada hace años en el Patronato de Feria València que preside el alcalde? ¿Por qué se acuerda una solución al problema y después se impide a Feria València, presidida por José Vicente González, desarrollar su misión de promover y potenciar certámenes que dinamicen y mejoren la actividad económica en la Comunitat Valenciana? ¿Por qué no se desatasca el normal funcionamiento del segundo recinto ferial con mayor superficie en el mundo? ¿Por qué no cumple la Generalitat los compromisos adquiridos para que las ferias se puedan desarrollar con normalidad? ¿Quién falla: los políticos, los empresarios o los gestores? ¿Todos juntos, tal vez?