Publicábamos no hace mucho tiempo en distintos medios, el dudoso liderazgo que ostenta España en la UE de ser el Estado Miembro más sancionado en temas medio ambientales. En concreto, 32 sanciones a lo largo de 2018.
Tampoco conseguimos zafarnos de un aire insalubre que respiramos millones de españoles, del cual ya hemos sido por un lado advertidos y por otro, considerados como “imposibles”, por la UE en temas de contaminación atmosférica.
La lectura de algunas revistas especializadas entre otras como: Environmetal pollution, enviornment international y atmospheric environment, respiran pesimismo al respecto.
Hace menos de un año, y tras arduas negociaciones en Bruselas, la Comisión Europea desistió de demandar a España, mirando hacia otro lado, ante el dióxido de azufre existente en Madrid y Barcelona, y otras grandes capitales españolas, las cuales también padecen de esta especie de “hollín” en las vías respiratorias.
Las medidas que se adoptan son insuficientes, y sólo el probable incremento de fallecimientos por estas causas, “nos abrirán los ojos” dentro de un quinquenio, cuando el número de fallecidos se haya multiplicado, y sea, probablemente, otro próximo cálculo de expectativas, aún peor.
El cambio climático existe, porque nos lo hemos ganado a pulso, y en estos momentos, me refiero a generaciones inmediatas anteriores, ¿quién no recuerda las anteriores estaciones climatológicas perfectamente marcadas?
Dejemos a un lado aquellas líneas de Ramón del Valle Inclán, en su obra Luces de Bohemia en donde expresaba qué en España, “el mérito no se premia, se premia robar y ser sinvergüenza, en España se premia todo lo malo”
Me niego a aceptarlo. No puede ser cargar con esta especie de maldición... al igual que el personaje mitológico Sísifo, condenado por los dioses a subir y bajar por una montaña y durante la eternidad, una gran piedra de considerables peso y dimensiones.
Corrijamos esos incumplimientos medio ambientales, y en concreto, el ignorado fallo condenatorio de la ya famosa Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los 61 Vertederos en media España, donde se barruntaba, y así sucedió, la típica descoordinación de las Administraciones Públicas, con la excepción del Archipiélago Canario, el cual tuvo la decencia y valentía de confesar su falta de atención, aunque sea con dos años de retraso.
¿Cuáles son las razones para no seguir un ejemplo similar, y no cumplir con la obligación del derecho informativo de los contribuyentes?
Por supuesto, es un poco tarde para revertir determinadas situaciones medioambientales, pero al menos, reduzcamos el rigor de las desertizaciones y adminístrense como si fueran los últimos, los escasos recursos existentes en pro de unas menores Luces de Bohemia.
