27 de junio de 2019
27.06.2019

Protejan a los Habilitados Nacionales y protegerán a los ciudadanos

27.06.2019 | 20:36
Protejan a los Habilitados Nacionales y protegerán a los ciudadanos

Los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local (SITAL) somos funcionarios y funcionarias seleccionados por el Estado con destino en Ayuntamientos y otras Entidades Locales (como Diputaciones o Mancomunidades). Nuestro cometido es, en sentido amplio, garantizar el cumplimiento de la legalidad en la actuación de las administraciones donde trabajamos, motivo por el que ocupamos puestos específicamente reservados a la escala de habilitación nacional a la que pertenecemos. Dependemos en nuestro día a día, fundamentalmente, de los gobiernos locales y los cargos electos que los rigen, que son quienes determinan nuestras retribuciones, nos asignan medios humanos y materiales y deciden sobre el resto de nuestras condiciones laborales. La vigente normativa en materia de función pública nos reconoce, entre otros, el derecho a la dignidad en el trabajo, el derecho a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social y el derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral, especialmente frente al acoso moral y laboral.

Sin embargo, en no pocas ocasiones y sobre todo en contextos de crisis y/o corrupción generalizada, hemos sido identificados como obstáculos para la consecución de los fines espurios de algunos mandatarios. La estrategia de acoso y derribo y abuso de poder que se ha ejercido en determinados casos sobre los SITAL ha sido el caldo de cultivo que, sumado a la lentitud de la justicia, los ha hecho enfermar o huir de sus destinos, alcanzándose así el objetivo de tener vía libre para crear estructuras que operen al margen de los principios que deben regir la actuación de las administraciones públicas, apartándolas de la legalidad y del interés general. Además, lo anterior suele suceder con la colaboración de otros funcionarios y funcionarias que han aprovechado nuestra marcha o ausencia para obtener todo tipo de prebendas.

Así, a pesar de lo trascedente de nuestras atribuciones (esenciales por su contenido y la responsabilidad que comportan para el buen funcionamiento de las organizaciones para las que trabajamos y, por ende, para la ciudadanía receptora de los servicios que éstas prestan) las garantías a las que antes aludía son, ante esas penosas circunstancias, meros pronunciamientos formales, inservibles y vacíos de contenido a corto plazo, que en absoluto protegen ante el acoso y abuso de poder que tiene que sufrir el funcionariado que cumple con sus obligaciones en un contexto de corrupción y/o de hostilidad de mayor o menor intensidad.

Además, la lentitud de la justicia ha supuesto un claro agravamiento de tales situaciones, provocando un mayor daño a la víctima que tiene que esperar muchos meses (cuando no años) hasta encontrar amparo legal, reconocimiento y corrección parcial del perjuicio sufrido. Lamentablemente, la reparación integral del daño nunca es posible, dada la gravedad del mismo y el claro perjuicio al interés público que estas situaciones conlleva.

Ante este desamparo e insuficiencia de los medios legales para la salvaguarda de nuestra salud laboral, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros aprobó hace algunas semanas un protocolo de actuación de protección integral del funcionariado de administración local con habilitación de carácter nacional, ya ratificado por el Colegio de Valencia, con el ánimo de garantizar efectivamente o, por lo menos, reforzar los instrumentos que nos permitan desempeñar nuestras tareas de forma adecuada, con rigor y objetividad. Su puesta en marcha, que supone la creación de una Comisión Anticorrupción y para la Defensa de la Legalidad y la designación de una persona responsable de salud laboral a nivel provincial, es una de las decisiones más trascedentes que ha adoptado este Colegio en los últimos años y que esperamos que sirva para prevenir y paliar los daños inherentes a toda situación de acoso.

La mejora de la salud democrática de los gobiernos locales y, en definitiva, la garantía los derechos de la ciudadanía a la que servimos están en juego, así que este debe ser el primer paso de los muchos a dar en esta dirección.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook