Diez ciudades europeas han pedido a la UE amparo frente al despliegue de las plataformas online de alquiler vacacional, y su efecto devastador en la fisonomía urbana. Denuncian que este mercado de pisos-hotel está expulsando a los residentes de sus barrios y que configura una versión desnaturalizada de lo que debería ser una ciudad, con el resultado que ya conocemos. Por este motivo han enviado a los comisarios europeos una carta, que firman conjuntamente representantes de urbes como Barcelona, Amsterdam, Berlín o València. Se trata de la respuesta colectiva al criterio expresado en un juicio en París contra una de estas empresas por parte de la abogacía comunitaria, que considera que el gigante digital Airbnb es «un intermediario tecnológico» y no un agente inmobiliario. El pronunciamiento jurídico echa por tierra uno de los argumentos de peso para impedir algo que ya está pasando: que la vivienda es cada vez más un producto turístico y cada vez menos un derecho universal.
Las ciudades suelen ser laboratorios de fenómenos expansivos que se contagian con la eficacia de un estornudo. En el caso del alquiler vacacional algunas ya han echado mano de la ley para defenderse. Podrá discutirse la eficiencia de estas prohibiciones y además los subterfugios de los especuladores para esquivar la legalidad no son sofisticados pero resulta que funcionan. Sin embargo, hay un paso de etapa importante en el hecho de lograr que un asunto entre en el circuito de la conversación pública.
En teoría del lenguaje hay un tipo de enunciados, los Speech Acts o ·actos de habla», en los que no se constata ni describe nada, sino que realiza un hecho. Por ejemplo, cuando en una ceremonia matrimonial se dice aquello de «yo os declaro...» y automáticamente se crea una entidad formada por la unión de dos cónyuges. No se trata, por tanto, de proposiciones de las que podamos decir que son verdaderas o falsas, sino de una acción en si misma que crea una realidad, por muy abstracta que sea. Cuando alguien promete algo, por ejemplo, está realizando un acto de habla; también cuando se promulga una ley. Por eso en política, en la vida pública, se dice que es muy importante cómo se utiliza el lenguaje y, en concreto, el verbal, porque genera un hecho.
Es inevitable que tarde o temprano entremos a discutir acerca de si podemos o no seguir viviendo en nuestras ciudades. A diario añadimos más elementos al carro de las incomodidades; desde el colapso de las carreteras y la contaminación, hasta los problemas de habitabilidad. Sin embargo, el debate sobre las ventajas e inconvenientes de convertir la ciudad en un complejo turístico sigue siendo residual, porque no se ha incorporado en toda su magnitud a la agenda política y por eso a veces nos da la sensación de que no existe. Se habla de ello, y mucho, en conversaciones de café y en foros periféricos a los círculos del poder, mientras este continúa sopesando con demasiada timidez y prudencia el coste de poner un techo a tanto crecimiento. El teatro recoge este discurso crítico en una producción, Rostoll cremat, que inicia mini gira por Catalunya, donde el público seguramente empatizará con el mensaje. Se trata de una fábula sobre la codicia y la depredación turística de Mallorca. Su autor, el actor Toni Gomila, dice que ha llegado el momento en que «tenemos que hablar de cuántos cruceros pueden atracar cada día en Palma sin que se nos tache de 'turismofóbicos'», un apelativo que es, por sí mismo, otro acto de habla.
Ahora que los intentos de diálogo, negociaciones y pactos, incluso entre la derecha, se generalizan por causa de fuerza mayor, y que los partidos ponen a prueba (con más o menos éxito, eso sí) su capacidad en este campo, no podemos dejar de esperar realizaciones, en forma de una legislación que controle este abarrotamiento desquiciado de sudores y sopores estivales. Sería deseable, y determinante, que Europa asumiera ese reto como propio en lugar de dar argumentos para disfrazar unos hechos que ya son incontestables en muchas capitales turísticas del mundo, la nuestra, ahora sí, entre ellas.
