Las Naciones Unidas ha subrayado en multitud de informes el papel fundamental de los parlamentos y la actividad política, hablando de institución única y central de la democracia, que constituye una expresión de la soberanía misma de cada país. En esa línea, este organismo internacional, y refiriéndose a todos los parlamentos democráticos del mundo, señala que son el foro donde se forjan las políticas nacionales y se resuelven los conflictos de la sociedad, a través del diálogo, la cesión y los acuerdos.
Bajo esa premisa y ensalzando esos tres elementos tan importantes como son el diálogo, la cesión y los acuerdos, no cabe duda de que todos nuestros políticos deberían sonrojarse ante la incapacidad que están demostrado para alcanzar pactos de gobernabilidad que eviten la convocatoria de un nuevo proceso electoral, superando la inactividad en la que viven algunos parlamentos de nuestro país, entre ellos y muy importante, el Congreso de los Diputados.
Todos los partidos, sean de izquierdas o de derechas, son responsables de este bloqueo institucional, el cual se está produciendo en el Gobierno central, los gobiernos autonómicos de Madrid o Murcia, así como en diferentes Ayuntamientos, como el de València, donde el debate político se ha centrado exclusivamente en el reparto de sillones y la subida de salarios para los concejales.
En todo este confuso escenario que ha surgido con el multipartidismo, el presidente Pedro Sánchez acaba de proponer una reforma de la Constitución para habilitar la posibilidad de que gobierne la lista más votada, de no lograrse acuerdos entre partidos políticos para la investidura. Paradójicamente, esta idea surge del político que se hiciera famoso por el «¿qué parte del no, no ha entendido?» y su negativa a conceder a Rajoy lo que ahora él exige a PP y C´s. Sin embargo, y reconociendo que ello supone constatar la incompetencia de todos nuestros políticos para dialogar y alcanzar acuerdos, quizás podría dibujarse como una solución, ya fuera con la reforma del artículo 99 de la Constitución o la introducción de alguno de los sistemas de segunda vuelta electoral que existen.
Desde mi punto de vista, pensar que un país puede seguir avanzando sin un Gobierno estable y un parlamento que desarrolle su labor legislativa y de control del Ejecutivo, es no entender el trabajo que constitucionalmente tiene encomendadas ambas instituciones. Por ello, alargar esa interinidad en el tiempo, incluso con la amenaza de nuevas elecciones, sólo hará que se ahonde más en la crisis que vive nuestra democracia y el irremediable agotamiento de los ciudadanos, algo que no es bueno para la estabilidad económica, social y política de España.
