Viivimos momentos convulsos de transformaciones estructurales realmente interesantes que casi nadie podía vaticinar y que de repente se nos están viniendo encima a una velocidad propia de los tiempos digitales que corren. Precisamente, la digitalización de todo lo que nos rodea es uno de los grande puntos de inflexión planetaria que nos está absorbiendo desmesuradamente junto, en breve, el fenómeno de la robotización y autonomía de las cosas, de hasta lo más inesperado. Grandes cambios que, sin embargo, van a tener un eje vertebrador común a nivel mundial, tanto en organizaciones públicas o privadas como en empresas: la ética y la integridad, con el objetivo de obtener una sociedad más sostenible y cohesionada.

Se cumple hoy un año de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social, aprobada por el Consell, un marco que pretende ordenar la transición hacia una economía competitiva y de justicia social ante estos cambios que se avecinan a pasos agigantados.

Durante este año, y a pesar de la celebración de las elecciones autonómicas, el gobierno valenciano ha avanzado en el desarrollo de la Ley aunque todavía le queda mucho para que su implantación sea efectiva y tenga los efectos deseados. El Botànic II debe acelerar si quiere que la iniciativa legislativa que se publicó hace un año sea un «motor de transformación» real, como reza la norma.

Algunos pasos importantes se han dado: en breve llegará al Consell el proyecto de creación de Territorios Socialmente Responsables. Seremos la primera comunidad autónoma en disponer de una red con estas características. Sin embargo, todavía no existe un documento redactado del que nacerá el anhelado Consejo Valenciano de la Responsabilidad Social. Hace falta ponerlo en marcha lo antes posible. Hay que desarrollar también el título III de la Ley, que regula la clarificación de qué se entiende por entidades valencianas socialmente responsables. Hay qué decidir quién y cómo se otorgan estas distinciones responsables. En definitiva, se ha avanzado mucho pero queda todavía un recorrido importante, nunca mejor dicho, de responsabilidad social, para que una norma, que se presuponía iba a construir el compromiso de la sociedad valenciana con el futuro, no se quede anclada y desaprovechada en el presente. También está pendiente conocer cuáles son las cláusulas sociales para la contratación pública, una cuestión que ya ha generado impugnaciones de una licitación en un municipio de Alicante por parte de sindicatos.

Hasta que se culmine la transición hacia este sistema innovador de gestión de las empresas y organizaciones, gracias a las herramientas de la Ley, la responsabilidad se mantiene en ellas todavía. Resulta fundamental llegar a la transparencia de la información social, ambiental y económica y de buen gobierno de las empresas y organizaciones a través de las Memorias de Sostenibilidad, con indicadores mundialmente reconocidos, en las que quede reflejado el carácter transversal, pluridimensional y multidisciplinar de la Responsabilidad Social, en las que se ponga de manifiesto cómo está asumiendo el tejido empresarial y social, público o privado, de la Comunitat Valenciana la llegada de un tiempo de ética e integridad en todos los ámbitos en busca de un lugar en la economía competitiva a nivel mundial.

Si nos centramos en la dimensión económica, la Ley debería servir para que las empresas de la Comunitat Valenciana presentaran unas credenciales óptimas de responsabilidad y poder así mantenerse en los mercados que ya están o penetrar en nuevos en todo el mundo. Los proveedores que demuestran ser responsables -no solamente con el producto- son la base actualmente de una cadena de suministro a nivel mundial que no acepta dudas porque el consumidor o cliente tampoco las acepta ya. La sostenibilidad, hoy en día, es clave para vender en un mercado global.

Las nuevas reglas de juego sostenibles que están transformando a las sociedades de todos los países avanzados ya están recogidas en la Ley del Consell que hoy cumple un año de entrada en vigor. Solamente falta que las cuestiones políticas no apaguen la fuerza de las tres dimensiones de la sostenibilidad y se carguen de energía renovable para que la Comunitat Valenciana pueda, simplemente, competir y, sobre todo, posicionarse como un lugar responsable y comprometido con la economía, la sociedad y, por supuesto, el medio ambiente. La Responsabilidad Social ha llegado para quedarse y cambiar la sociedad en la que vivimos.