17 de julio de 2019
17.07.2019

Desabastecimiento farmacéutico ¿una guerra comercial?

17.07.2019 | 19:40
Desabastecimiento farmacéutico ¿una guerra comercial?

El desabastecimiento de productos farmacéuticos se ha instalado como una incómoda rutina en las farmacias españolas, cada día más impotentes para dispensar un largo listado de medicamentos hasta hace poco fáciles de conseguir. Para muchos pacientes, sobre todo los crónicos, comprar su medicación habitual se ha convertido en una aventura abocada a largas e infructuosas esperas -«vuelva mañana a ver si hay suerte», «lo pedimos todos los días al distribuidor», «le aseguro que no es usted el único»- que les sume en un estado de alarma, sobre todo cuando sus medicinas son de presentación única y no hay disponibilidad de otras marcas, tampoco de un genérico y a veces ni siquiera un principio activo similar que resuelva parcialmente su necesidad terapéutica.

En contra de lo que pudiera parecer, el origen de este problema no es reciente. Data desde hace casi tres lustros y una referencia clave es mayo de 2005 cuando se celebró la primera rueda de prensa para abordar los fallos en la distribución de fármacos, presidida por la entonces ministra Elena Salgado junto con representantes de la industria farmacéutica. Desde entonces la situación empeora cada año, y según el Centro de Información online de Medicamentos (CIMA), actualmente hay problemas para encontrar un total de 547 referencias en las farmacias. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos es posible suplir las carencias con genéricos, también estos van entrando en desabastecimiento por su baja producción comparada con la de las grandes marcas.

Es incomprensible la escasa repercusión que está teniendo este problema en los medios. No recuerdo haber escuchado la noticia, al menos no de un modo destacado, en ningún telediario de gran difusión, ni mucho menos haber visto un monográfico especial de esos que tanto le gustan a Antonio García Ferreras cuando surgen noticias que presagian una gran audiencia. La pregunta inmediata es a quien beneficia que no se difunda ampliamente una noticia de esta magnitud, un problema que es tema de conversación en las salas de espera de los centros de salud y en casi todas las farmacias del país cuando los clientes no consiguen su tratamiento y descargan sus quejas en unos farmacéuticos que para nada son culpables.

Al plantearse las causas que han conducido a tan incómoda situación, todo apunta a que, más allá de posibles problemas de fabricación o capacidad de distribución, estamos ante un conflicto económico en el que los bajos precios de los medicamentos en nuestro país (de los más baratos de Europa) juega un papel crucial, hasta el extremo de que a la industria farmacéutica le resulta incómodo trabajar en un mercado donde muchos medicamentos se venden a unos precios que les obligan a replantearse si elegirnos o no como clientes. Desde una perspectiva comercial, es lógico que una empresa decida dónde quiere colocar -o dejar de suministrar- sus productos en su afán por obtener los mayores beneficios, pero cuando el producto fabricado son medicamentos indispensables para la salud pública, el problema de un desabastecimiento del mercado adquiere tintes de conflicto social grave, algo que en el caso de España se ha agravado por el empeño de la administración sanitaria en fijar precios de referencia irrisoriamente bajos, alentando a la industria farmacéutica a tomar medidas duras -y también cuestionables- por su negativa a vender por debajo de los costes de producción.

Según Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, «la bajada progresiva de precios está repercutiendo negativamente, y poniendo en peligro la viabilidad en la comercialización, por lo que están surgiendo propuestas de poner un suelo de precio que evite esta situación». Un ilustrativo ejemplo lo tenemos en el ibuprofeno, un medicamento cuyo coste de materia prima era de 10 € por kilo y hoy se ha triplicado mientras que una caja de 40 comprimidos se sigue vendiendo en nuestro país al mismo precio (1,97 €). Otro llamativo ejemplo afecta al omeprazol, un fármaco también muy popular que en los dos últimos decenios ha bajado su precio de referencia de 23 € a 2,42 € mientras que el IPC subía un 40% en ese mismo periodo.

Ante estos datos, parece comprensible que la industria farmacéutica exija al Gobierno una revisión al alza de los precios de referencia, sobre todo cuando los costes de producción, los controles de calidad y los índices de pecios de consumo van en ascenso. También parece comprensible el empeño de las empresas farmacéuticas para que su negocio sea rentable, aunque sea cuestionable que tantas veces sus estrategias rocen las finas líneas que marcan la frontera entre el negocio y la ética, máxime cuando lo que fabrican no son piezas para yates de recreo, sino unos productos de consumo sanitario a los que todos, sin excepción, deberíamos tener un fácil acceso.

Una primera conclusión ante este conflicto sería que la Administración reflexionara y decidiera entre disponer de medicamentos muy baratos (en su empeño por fijar unos precios más asequibles que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario) o bien arriesgarse a no disponer de ellos. Resulta obvio que lo primordial sería adoptar medidas para que los laboratorios no dejaran de abastecernos, máxime cuando en nuestro sistema sanitario, un elevado porcentaje del costo de los medicamentos lo financia el estado y no repercute directamente en el bolsillo de los pacientes. ¿Para qué entonces presumir ante la ciudadanía de disponer de medicamentos baratos cuando están financiados en un elevado porcentaje por la sanidad pública, y la consecuencia del abaratamiento es que los laboratorios no quieran vender a los precios que les fijan en España? Algo debería haber hecho ya la administración sanitaria para evitar la continua caída de los precios mínimos de referencia. Para el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral «una bajada sostenida de precios ha hecho que España esté dejando de interesar; hay que tener en cuenta que el precio de la materia prima ha subido, todo ha subido y los medicamentos no dejan de bajar».

Para abordar las soluciones al desabastecimiento, hay que considerar que la industria farmacéutica es un negocio, y como tal recurrirá a lo que esté en sus manos con tal de no entrar en pérdidas. Por ello, las autoridades sanitarias (en España el Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento) deben ser rigurosas al asegurar que los laboratorios no vulneren ningún derecho de los pacientes -como es el acceso a los medicamentos que cada cual necesite- ni incumplan ninguna de sus obligación legales. Pero también se hace necesario revisar la legislación, con el objetivo de que los precios de los fármacos afectados por el desabastecimiento resulten más atractivos para que los laboratorios los mantengan en el mercado. Si un medicamento congela -o baja- su precio mientras el coste de la materia prima sube, es de esperar que la industria farmacéutica obre en consecuencia. En este sentido, se impone que el Gobierno mantenga una negociación ininterrumpida con los laboratorios farmacéuticos mientras solo un paciente no consiga su medicación porque se ha interrumpido el suministro. Estos contactos deberían estar coordinados con las autoridades sanitarias del resto de los países de nuestro entorno con idénticos problemas, pues aunque España sea uno de los países más afectados, los problemas de abastecimiento afectan en mayor o menor medida a toda Europa.

Nos encontramos en pleno siglo XXI ante un grave problema de índole industrial con repercusión en el derecho a la salud de la población, un conflicto del que apenas se nos informa. Es obligación de los gobiernos, en nuestro caso del Gobierno de España, resolver sin dilación este conflicto, no ocultar información, no minimizar el problema y asegurar que a nadie afecte a la disponibilidad de los fármacos que la Organización Mundial de la Salud considera imprescindibles «en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las personas y para la comunidad».

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